El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de emergencia alimentaria que ya había recibido media sanción en Diputados. Se desarrolló un debate corto, sin mayores discusiones, tal como ocurrió la semana pasada en la cámara baja. La sesión comenzó pasadas las 14.30, con 39 senadores presentes. Organizaciones sociales y políticas se concentraron frente al Congreso de la Nación para exigir la aprobación del proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año. La iniciativa establece un incremento de emergencia -de un mínimo del 50%- "de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición". También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal del proyecto oscila entre los $4061 millones y los $10.489 millones. En el Gobierno entienden que la medida no alterará las cuentas del Estado ya que lo que se hará es una redistribución de partidas y no la puesta en marcha de nuevas.