Un ex concejal español, que estaba prófugo desde hace 11 años en una megacausa por corrupción por la que fue condenada la cantante Isabel Pantoja, fue detenido hoy en la provincia de San Juan, donde se descubrió que se había sometido a cirugías estéticas y a grandes cambios en su fisonomía para no ser descubierto. Se trata de Carlos Fernández Gámez (49), quien, según fuentes policiales, fue apresado luego de un operativo realizado por personal de la Agencia Cuyo de la Policía Federal (PFA) como consecuencia de una investigación que incluyó seguimientos y tareas de campo en la zona.  "La cooperación internacional que promovemos en el ámbito de Interpol arroja resultados concretos. Este arresto fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Argentina y España", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich tras conocerse la detención. Sobre Fernández Gámez pesaba un pedido de captura internacional y una circular roja de Interpol que había sido solicitada por las autoridades españolas en el marco de la causa en la que está procesado por delitos vinculados a hechos de corrupción. Según la PFA, la detención se concretó en el domicilio en el que actualmente residía el ex edil, ubicado en la calle Santa Fe al 2300 de la localidad sanjuanina de Rivadavia, donde los detectives esperaron a que saliera por su cuenta para apresarlo. Según contó a Télam una fuente, Fernández Gámez se había operado los pómulos, se había agregado pelo y había engordado de forma considerable para no ser identificado. Tras ser detenido, manifestó que se dedicaba al asesoramiento político y que tenía una empresa de coaching ontológico. En tanto, una fuente judicial indicó que el ex concejal "se entregó después que sus abogados tramitaran en España la prescripción de su caso, después de estar once años en la Argentina por una causa que prescribe a los diez años". Los investigadores pudieron determinar que el político español llegó al aeropuerto de Ezeiza el 2 de julio de 2006 y que se radicó primero en la provincia de La Pampa, luego en Mendoza y finalmente recaló en San Juan. Al principio, decía llamarse "Hernández" y luego cambió a "Fernández", parte de su verdadero apellido. Una de las primeras pistas que lo ubicaron en la zona de Cuyo data de 2006, cuando se le tomó una foto en un evento público que fue hallada por los pesquisas. Posteriormente, el ex edil comenzó una relación con una periodista de San Juan que se desconoce si estaba al tanto de sus antecedentes, aseguraron los voceros. Al ex concejal, perteneciente al Partido Regional Andalucista, se lo acusa de haber defraudado al estado español de Marbella y de haberse fugado luego de tomar conocimiento de que era buscado por la Justicia de su país. Medios españoles publicaron en los últimos años varias hipótesis sobre el destino de Fernández Gámez: algunos indicaban que se escondía en Marruecos, en un chalet de sus padres en Cabopino (Marbella) y también que cada tanto visitaba a su madre en esa ciudad por su dependencia emocional hacia ella. Pero también mencionaban la pista de que se encontraba en la Argentina y que se había cambiado la fisonomía porque la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que estuvo presa en la misma causa, relató que un amigo de su familia lo había visto en el aeropuerto de Ezeiza. Fernández Gámez es el último prófugo de la "Operación Malaya" del caso conocido como "Saqueo II", una megacausa que data de una década y que ya tuvo a 90 detenidos por causas de corrupción, entre ellos Pantoja, condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales pero quien evitó la cárcel. Contra el ex concejal pesa un procesamiento por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude por presuntamente haber recibido 150.000 euros en sobornos. Además, tiene otras causas por prevaricación urbanística y coacciones y una condena de dos años de prisión por malversación de bienes públicos. En la causa formada en Argentina a raíz de su detención, interviene el juez federal 2 de San Juan Leopoldo Rago Gallo, quien ahora deberá iniciar los trámites de extradición del detenido para que sea enviado a España, donde se debe analizar si los delitos por los que está procesado prescribieron o no. Fuente: mdzol