Dos días después de que la Audiencia Nacional acordara solicitar la extradición de Carlos Fernández por el conocido como ‘caso Saqueo 2’, la Fiscalía informó de que existen otros tres casos que involucran al exconcejal de Marbella y que todavía no han prescrito. Uno de ellos es ‘Malaya. La investigación de esta causa fue la que desencadenó la huida del execoncejal, que ha estado más de once años en paredero desconocido hasta ser detenido el pasado 15 de septiembre en San Juan. El Ministerio Público considera que el delito de cohecho agravado por el que se procesó a Fernández en relación a la trama de corrupción de Marbella prescribe a los 15 años, y no a los 10 como cree la defensa del exedil. El fiscal jefe provincial de Málaga, Juan Carlos López Caballero, firmó el pasado martes un informe dirigido al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde se instruyó el ‘caso Malaya’, en el que sostiene que no procede declarar extinguida la responsabilidad penal de los delitos por los que Fernández fue procesado en esa causa al no haber transcurrido los plazos de prescripción previstos en el Código Penal. El informe señala que el tiempo de la prescripción de los delitos se computará, según determina desde el día en que se haya cometido la infracción punible, aunque ese plazo queda interrumpido, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, y comienza a correr de nuevo desde que se paraliza el procedimiento. El procedimiento contra Fernández, indica el informe, quedó interrumpido con el auto del 20 de octubre de 2.006, cuando se decreta su busca y detención internacional, y tomando en cuenta cualquiera de esas fechas, “resulta que el delito imputado no se halla prescrito pues no ha transcurrido a la fecha actual el plazo de los 15 años establecido en el Código Penal aplicable al referido delito”, sostiene. La Fiscalía ha informado asimismo en relación a otras dos causas en las que considera que los delitos por los que se persigue a Carlos Fernández no están prescritos. La primera es un procedimiento por presunta prevaricación urbanística, conocido como ‘caso Obarinsa', cometida en febrero de 2004 en la que se le solicitan dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez años. El segundo de estos procedimientos, por un delito contra la ordenación del territorio y corresponde a la concesión de la licencia de ejecución de diez viviendas en Cristo de los Molinos, también en contra de la ordenación urbanística vigente en ese momento. Por el contrario, la Fiscalía considera que otra de las causas en las que también está implicado Carlos Fernández, la condena firme por malversación de caudales públicos a dos años de prisión, sí ha prescrito. Fuente: Diario Sur.