Tras el escándalo de ayer por la tarde, las autoridades electas del PJ apelaron el fallo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien ayer intervino el partido y designó como interventor a Luis Barrionuevo. Los abogados consideraron que el partido funciona normalmente y rechazaron las razones esgrimidas en el fallo de la magistrada. "Es una decisión política", aseguraron. Ayer el presidente del partido, José Luis Gioja, anticipó que se presentaría la apelación hoy a primera mañana. Por la tarde, resistió en el interior de la sede del PJ en la calle Matheu, de donde se retiró recién por la noche, en medio de un fuerte operativo policial. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia”, sostuvo el dirigente peronista. A través de los abogados del partido, el presidente electo del PJ formalizó la apelación bien temprano, ni bien abrió el juzgado federal. El abogado Eduardo López sostuvo que la resolución “es un fallo político”. En el mismo tono se expresó la apoderada del partido, Patricia García Blanco, quien expresó que “no hay motivos para la intervención”. "No hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido, el partido está normalizado, tiene autoridades desde 2016 y hasta 2020", agregó Blanco.  Luis Barrionuevo fue designado como interventor del Partido Justicialista. "El fallo tiene muchos flancos cuestionables, no tiene ningún fundamento jurídico, se basa en que perdimos tres elecciones. Es cierto pero no es judiciable; dice que estamos peleados, cosa que no es así, hay corrientes internas y pensamientos distintos, como ocurre en todos los partidos", sostuvo el abogado López. "El interventor no aceptó el cargo en el expediente", cuestionó.  Ayer dirigentes del PJ de todo el país cuestionaron el fallo de la jueza Servini de Cubría, y el propio Gioja consideró que se trataba de una “afrenta a la democracia” y “una bofetada a la libertad de prensa, que debe ser pilar de la democracia argentina”. Para el diputado nacional, “es una clara intromisión del señor (Mauricio) Macri y sus colaboradores”.  La jueza tiene tres días para resolver si concede la apelación. En la apelación solicitaron que sea "con efecto suspensivo". "No descartamos la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación al Tratado de Derechos Políticos y Sociales", aseguró López. De todos modos, por ahora la medida de Servini de Cubría continúa en curso.