La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Financiamiento Productivo, una reforma del mercado de capitales que crea una serie de instrumentos para facilitarle a las pequeñas y medianas empresas (pymes) el acceso al crédito. La medida, que también suprime el artículo 20 de la actual Ley de Mercado de Capitales, que le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas, fue aprobada por 158 votos a favor, 70 en contra y cuatro abstenciones. Mientras tanto, la mayoría de los bloques opositores buscan aprobar el proyecto de “Emergencia Tarifaria”, que elimina las subas en las facturas de los servicios públicos en 2018 y condiciona nuevos aumentos al alza salarial, más allá del anticipo del Gobierno sobre la posibilidad de vetar la iniciativa debido “al alto costo fiscal que implica”. El diputado nacional de Evolución Radical, Martín Lousteau, aseguró hoy que “no es solamente el nivel de las tarifas lo que genera preocupación y angustia” en la gente, sino también “qué va a pasar en el futuro”, y advirtió que “los que plantean ahora la solución fueron los que crearon el problema”. “Aunque tuviéramos más plata, al final nunca podemos brindarle a la ciudadanía lo que se merece. Este es el debate pendiente: cómo administrar mejor los recursos del Estado, que cada vez tiene más y da menos”, agregó Lousteau. Encabezados por el kirchnerismo, el massismo y el justicialismo, los bloques opositores confían en que reunirán el quórum y que se impondrán en la votación de la iniciativa, que es rechazada por Cambiemos y sus aliados. La sesión especial comenzó a las 12, al término de la sesión convocada por el oficialismo, donde se aprobó el proyecto sobre Financiamiento Productivo y Defensa de la Competencia. Para asegurarse el número de votos necesarios para imponerse en la votación, los autores del proyecto de disminución del impacto de los aumentos tarifarios tuvieron que eliminar algunos de los artículos del texto original. Para retener a los miembros de los bloques que representan a los gobiernos provinciales de Córdoba, Entre Ríos y Chaco, entre otros, los impulsores del proyecto eliminaron lo referido a la disminución del cobro de IVA en las facturas de los servicios públicos. Es el tercer intento opositor por abordar el proyecto, luego de fracasar, hace tres semanas, en la posibilidad de reunir quórum (le faltó un diputado) y de no conseguir hace dos semanas la mayoría de los dos tercios para aprobar los proyectos. El proyecto opositor sobre tarifas determina que en el caso de los usuarios residenciales las mismas se retrotraigan a diciembre de 2017, y que desde esa fecha los aumentos no puedan superar al alza de los salarios. Fuente: Vía País