Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia fueron procesados por lavado de dinero sin prisión preventiva y embargados por $800 millones luego de que el juez Julián Ercolini los encontrara responsables de actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda junto a Lázaro Báez, Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice y Romina Mercado, y otros 17 imputados. Esto se da en el marco de la causa donde se investigaron las operaciones de Hotesur SA, empresa dueña del hotel Alto Calafate.  En la causa Hotesur, la hipótesis que se investigó es que Néstor y Cristina Kirchner y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba -según señaló el magistrado- poder declarar esos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.  Según el juez, las supuestas maniobras se llevaron a cabo por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”. Para lograr esto, según ya habían planteado los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” y múltiples negocios con las empresas del Grupo Austral”. El circuito planteado, y por el cual se procesó por segunda vez a Cristina Kirchner y a sus hijos por lavado de dinero, inicia en la fortuna amasada por Báez (en 2003, antes de constituir Austral Construcciones tenía un patrimonio de 800 mil pesos, y en la actualidad supera los $3.058 millones), y que habría sido usada por la ex familia presidencial “para la adquisición de hoteles”, y también para hacer mejoras en los mismos. Después, le entregaron la administración y explotación nuevamente a Báez, según informa. Para la “maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero”, como planteó el juez Ercolini, fue indispensable la firma Valle Mitre SRL propiedad de Lázaro Báez, creada meses después de que los Kirchner adquirieron los hoteles y fue utilizada en el esquema de blanqueo “para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen”.