Debido al enfrentamiento interno, Maduro no jurará ante la Asamblea Nacional (AN, parlamento), como lo establece la Constitución, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con holgada mayoría opositora, la AN no solo desconoce el próximo mandato de Maduro sino que debatió un anteproyecto de “ley de transición” con el objeto de “ejecutar políticamente” un cambio de gobierno. Paralelamente existe un fuerte conflicto que enfrenta a Venezuela con 13 de los 14 países de la región que integran el Grupo de Lima (entre ellos, Argentina) y que declararon el viernes pasado que no reconocen la “legitimidad” del próximo mandato de Maduro y anunciaron que evaluarían medidas para sancionar a la administración chavista. El único miembro del Grupo de Lima que no firmó la declaración del viernes es México, que, sin embargo, enviará un funcionario de cuarto nivel -ni el presidente, ni el canciller, ni el embajador- a la asunción de Maduro. Los únicos cuatro jefes de Estado o de gobierno que confirmaron su asistencia a la jura de Maduro son los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Cuba, Miguel Díaz Canel; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y Osetia del Sur, Anatoli Bibílov. El próximo mandato de Maduro es cuestionado por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional porque en los comicios del 20 de mayo de 2018, en los que fue reelecto, no participó la mayoría de los adversarios del oficialismo, no se permitió la actuación de observadores independientes y votó menos de la mitad de los ciudadanos empadronados.