Con Alberto Fernández a la espera de llegar a la Casa Rosada y con los diputados de vuelta al debate de leyes tras las elecciones, Mauricio Macri pensó que tendría una despedida tranquila del Gobierno, pero la publicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) terminó con la paz que Juntos por el Cambio había logrado a pesar de la derrota contra el Frente de Todos. La interna entre verdes y celestes, que pareció atenuarse este año, recrudeció con todo. Algunos referentes del Gobierno apoyaron la decisión de Adolfo Rubinstein de avanzar con la actualización del protocolo a través de una resolución publicada el miércoles en el Boletín Oficial, pero otros funcionarios exigieron la renuncia del secretario de Salud por su decisión unilateral. Desde la publicación del protocolo de ILE en el Boletín pasaron menos de 48 horas, para que el Ejecutivo informe que el Gobierno publicaría un decreto para anular la resolución, pero Rubinstein seguiría en el cargo. A menos de un mes de entregar el poder, el Gobierno no haría renunciar a uno de los suyos. Nadie, además, aceptaría asumir el cargo por solo tres semanas. La decisión de Rubinstein, que su jefa, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tildó de "inconsulta", de todas maneras fue apoyada por el exsenador Ernesto Sanz, uno de los fundadores de la coalición de gobierno, el diputado Martín Lousteau y varios miembros del panradicalismo. "Los diputados de la UCR manifestamos nuestra solidaridad con el secretario Rubinstein, que a través de su decisión no hizo más que garantizar la aplicación de un derecho consagrado por la legislación nacional vigente desde 2007, con actualizaciones en 2010 y 2015, bajo criterios interpretativos constitucionales reconocidos por la Corte Suprema de Justicia en el 'fallo FAL'", expresaron desde ese bloque. Del otro lado, en cambio, el presidente del Senado, Federico Pinedo, tildó a Rubinstein de "irresponsable" por "ampliar las causales de aborto no punible" y por "limitar la objeción de conciencia médica" al "pasar por arriba de un debate de seis meses en el Congreso". Stanley, muy cercana al papa Francisco, adelantó que el viernes publicará un decreto para anular la resolución.