Además del Presupuesto 2021, la Cámara de Diputados tendrá un martes cargado de asuntos económicos, que serán presentados y discutidos de manera remota, al menos en la instancia de comisiones. La comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Carlos Heller, pondrá por fin en discusión, y a casi medio año de haber sido anunciado, el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, conocido como impuesto a los ricos. Del supermartes también serán protagonistas otras dos leyes: una le refinancia a 21 provincias deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS; la otra prohíbe asistir a empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Este último es un proyecto del diputado del Frente de Todos Pablo Carro. El mismo propone regular la ayuda financiera brindada por el Estado en los casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor a empresas que tengan sede en países que sean considerados como paraísos fiscales. El proyecto apunta a proteger y priorizar a las empresas domiciliadas en el país que pagan todos los tributos nacionales para que puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia como el actual, definido por la pandemia de Covid-19. Técnicamente, el proyecto para un aporte extraordinario que lleva las firmas, entre otros diputados, de Heller y de Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista, no es un impuesto, porque se trata de una única contribución que pesará sobre quienes posean una riqueza declarada —al 31 de diciembre de 2019— superior a los 200 millones de pesos, pero no un gravamen permanente. En el Frente de Todos (FDT) calculan que la imposición alcanzará alrededor de 12 mil personas y se aplicará también a los bienes de los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”. O sea, paraísos fiscales. El proyecto, que se discutirá en la comisión a partir de las 15 del “supermartes”, establece una alícuota del 2%, que se irá incrementando según el patrimonio declarado. Para los bienes que las personas alcanzadas posean en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores. Otra iniciativa que comienza su camino es el proyecto de “Defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”, enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 19 de agosto pasado. La iniciativa establece que se pretende “transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas” y así “quitarle esa responsabilidad” al FGS.