“Es necesario tener niveles de tarifas de servicios públicos justos en términos distributivos y productivos, sostenibles y equitativos en materia fiscal, alineados con un uso eficiente de los recursos no renovables que alienten un proceso de inversión alineado con las necesidades de crecimiento de la economía”, dice el mensaje del proyecto de Presupuesto 2021. La iniciativa que fue enviada esta semana al Congreso y que defenderá Martín Guzmán la semana próxima, no hace especial alusión a cómo será el reacomodamiento tarifario en 2021, pero cuando presentó los principales lineamientos del proyecto a los medios, el ministro dijo que “las tarifas deben actualizarse de una manera que acompañe el crecimiento de los precios”. Y la inflación proyectada para el año próximo asciende al 29 por ciento. El ministro también dijo que se redefinirá el esquema de tarifas “buscando una transición ordenada, en la cual haya incentivos a la inversión y sustentabilidad fiscal”. Además, dijo Guzmán, lo que pagan los hogares debe estar alineado con la situación económica y social. “Ese esquema para 2021 se va a estar informando más adelante. Hasta el 31 de diciembre no va a haber cambios”, remarcó. De acuerdo con el informe de julio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la ejecución acumulada en los fondos presupuestados para transferencias corrientes dirigidas al sector energético, que reúne la mayor parte del presupuesto vigente anual destinado a subsidios económicos, alcanzó $218.522 millones (84,9% del crédito anual), que se destinaron principalmente a las empresas CAMMESA ($152.061,2 millones) y, en menor medida, a Integración Energética Argentina S.A. ($33.526,3 millones), al Plan de Gas No Convencional ($15.611,8 millones), al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural ($5.219 millones), a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($3.450 millones) y a Yacyretá ($3.368 millones).