Cristina Kirchner y Alberto Fernández continúan enfrascados en sus peleas internas y se dan el lujo de discutir durante varias semanas sobre el Consejo de la Magistratura y la composición de la Corte Suprema. Pero la realidad es otra: el campo, con su protesta de este sábado, mostró el hartazgo de la buena parte de la sociedad con la presión impositiva y el gasto público; la inflación se instala cómodamente en torno de un 6 por ciento mensual y el número de pobres no para de crecer. Un extravío de Aníbal Fernández, el jueves último, alcanzó para que la marcha del campo tuviera más promoción. Afirmó aquel día que los tractores no entrarían a la Ciudad. Su expresión no hizo más que potenciar la visibilidad del reclamo. Aníbal, después, dio marcha atrás y entendió que la moderación era la mejor estrategia. También el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, optó por la mesura. Desde Israel, donde acompaña en una gira a su par de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dijo que es partidario del diálogo y de escuchar los reclamos del sector. Así, evitó confrontar. Pero el campo tiene sus dudas. Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, sostuvo ayer frente a TN que si bien hay diálogo, no es fructífero, porque otras áreas de gobierno pesan más que Domínguez. Fuera de alguna reacción ocasional más dura con el sector, el Gobierno prefirió no subir el tono de la confrontación. Por eso, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, focalizó sus críticas en los dirigentes de Juntos por el Cambio, a los que acusó de buscar politizar la marcha. El Gobierno debería prestarle atención al reclamo del campo, cuya organización nació hace cuatro meses en Armstrong, por fuera de cualquier organización política y desbordó incluso a las entidades de la mesa de enlace. Luis Etchevehere, ex ministro y extitular de la SRA, la describió como la rebelión de los mansos. Fue una marcha espontánea, sin demasiada organización y nadie fue llevado por micros. Y lo que comenzó como un tractorazo con treinta vehículos, terminó sumando el apoyo de decenas de miles de ciudadanos de a pie, radicados en la ciudad, que tal vez no tienen ninguna vinculación con el sector pero que expresan un reclamo en común: basta de inventar cada día un nuevo impuesto, lo que hay que hacer es gastar mejor el dinero público. El campo y muchos ciudadanos sienten que una parte del país trabaja y se esfuerza todos los días y aporta con impuestos y el otro sector, donde convergen funcionarios públicos ineficientes y titulares de planes sociales, sólo reciben beneficios. Más allá de obviamente no se trata de cortar planes a quienes no tienen para llegar a fin de mes, en rigor, lo que se está pidiendo es lograr más eficiencia en la gestión. Por lo demás, si Juntos por el Cambio intentó capitalizar la marcha, hay que recalar en un dato objetivo indudable: el campo no se siente representado por el FdT, para lo cual basta con repasar el mapa electoral de las últimas elecciones. Todas esas personas buscan otra representación. Todavía es una incógnita si las captará Javier Milei, con sus posiciones extremas, algún dirigente PRO o radical de JxC o alguna otra variante moderada. Pero lo que parece evidente es que no hay margen para nuevos impuestos. El campo aportará esta año más de US$11.000 millones por las retenciones. Y este año la agroexportación afrontará aportes excepcionales que salen del bolsillo de las empresas del sector. Por un lado, la suba de 2 puntos de retenciones al aceite y harina de soja -lo que muestra que no es cierto el discurso oficial de que las retenciones no subieron- y biodiesel, lo que significan 420 millones de dólares que irán al fideicomiso del trigo. A eso se suma el fideicomiso del aceite de girasol, que absorbe otros 200 millones de dólares y 25 millones de dólares del fideicomiso privado para mantener el precio de los fideos. En total 645 millones de dólares. Es natural que las empresas del campo no quieran escuchar hablar de impuesto a la renta inesperada. Un tributo que también salieron a criticar la Unión Industrial Argentina, en cuyo seno hay mineras, y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), cuyo titular Jaime Campos alertó que ese impuesto desalienta las inversiones y la creación de impuestos. Un GPS lejos de la expectativa social Es indudable que la dupla gobernante tiene su propio GPS y desarrolla una agenda que no contempla las expectativas sociales. La jugada de la vicepresidenta Cristina Kirchner para seguir controlando el Consejo -para lo cual partió artificialmente su bloque e introdujo al camporista Martín Doñate por la ventana- desnuda su temor a la Justicia y su creciente debilidad, frente a su futuro político incierto. Por eso, dirige todos sus movimientos a auto-preservarse y conservar cotos de poder. Si consigue mantener dentro del Consejo al senador Martín Doñate, tendrá nueve consejeros sobre un total de veinte. El número no le alcanzará para ganar una votación, pero si es suficiente para dejar sin quorum y sin sesiones al organismo. Podría darse la paradoja de que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, actual titular del Consejo, se siente a la cabecera de la mesa junto con otros diez consejeros pero que las reuniones ni siquiera puedan comenzar. Ahora, el nuevo objetivo de Cristina es la ampliación de la Corte Suprema. No es una novedad para el peronismo manipular las instituciones. Juan D. Perón, Carlos Menem y Néstor Kirchner modificaron los tribunales con los que les tocaba convivir. El miércoles se reunirán en el Senado las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para comenzar a debatir el proyecto. Como ocurre con todas las iniciativas que ella promueve, la Cámara alta la terminará aprobando, pero naufragará en Diputados, donde se apilan sin ser tratados sus proyectos de Reforma Judicial, ley de Ministerio Público y de Reforma del Consejo. Para modificar la composición de la Corte se necesita una ley del Congreso, pero aún si lograse su sanción, nunca podría nombrar a los nuevos jueces supremos: su designación necesita alcanzar los dos tercios del Senado, una vara muy alta para una dirigente que, por ahora, está en declive. Mientras tanto, ¿qué hizo Alberto al respecto? No se atreve a contradecir a Cristina, ni siquiera a tomar distancia. En los mismos días que se esperaba que cambiara varios de los funcionarios cristinistas que lo critican, Alberto no echó a ninguno y, además, hizo varios anuncios que imaginó serían al gusto del paladar de la vice: un paquete de bonos que aumentan $200.000 millones el gasto y el aludido proyecto de crear un impuesto a la renta inesperada, que será un tributo a cierto nivel de ganancias. Los bonos que cobrarán jubilados y ciertas categorías de trabajadores formales e informarles se pagarán con la suba de recaudación del primer trimestre, gracias a las retenciones que pagó el criticado campo. Y ese dinero irá inmediatamente a consumo y a inflación, que está recalentándose mientras que no hay ningún plan macroeconómico para reducirla. Y el nuevo impuesto, si finalmente se lo crea, se recaudará en 2023, con lo cual se induce que buscan recaudar para gastar en la campaña política de 2023, es decir, será dinero que se podrá volcar en la campaña electoral de ese año. Cuando el GPS esta roto, se falla en todo. Días atrás, el Gobierno decidió nombrar embajador en Venezuela e intentó involucrar por sorpresa al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pero el mandatario dijo que su país no estaba listo para dar ese paso. Anteayer, Cerruti dio otro paso en falso cuando afirmó que en Venezuela las cosas están cambiando para mejor. “¿En qué planeta vive?”, dijo, en un lenguaje que evidencia que la figura del Presidente ya esta completamente devaluada. Cristina, mientras tanto, piensa su propio destino en 2023. Y ahí un moderado como Eduardo “Wado” de Pedro, empezó a buscar posicionarse, desarrollando su propia agenda internacional. Visitó España, se reunió en con el Papa Francisco, se fotografió en el embajador Marc Stanley y ahora se encuentra en Israel junto con ocho gobernadores: el argumento es acceder a la avanzadísima tecnología israelí para el riego de zonas áridas y ampliar la superficie cultivable. El objetivo solapado es tender lazos políticos y económicos con vistas a alguna candidatura futura. Y amalgamar el malhumor que los mandatarios provinciales sienten con la falta de gestión de Alberto.   Fuente: Todo Noticias