El Gobierno se mantiene en la misma línea discursiva y política desde que tomó estado público el caso del avión la empresa venezolana Emtrasur varado en el Aeropuerto de Ezeiza. Relativizan la importancia del hecho, advierten que no pesaba ninguna alerta sobre la tripulación y sostienen que, según los datos que tienen, no hay nexos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La postura oficial es restarle importancia al hecho. Fue el propio Alberto Fernández quien le bajó el precio . En una entrevista que brindó este domingo destacó que “no hubo ninguna irregularidad” con la aeronave ni con la tripulación. Es más, consideró que la oposición “quiso mostrar algo que no es, algún movimiento oscuro”. Fernández metió en el medio a Juntos por el Cambio que, desde un principio, le pidió explicaciones al Gobierno sobre los motivos por los cuales el avión logró aterrizar en Argentina y no lo hizo, por ejemplo, en Uruguay, donde le cerraron el espacio aéreo y le impidieron bajar. Pese a que se van sumando pruebas de un nexo de la tripulación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el Gobierno sigue en su postura de no darle real entidad al tema. Este domingo Infobae publicó que el FBI aportó evidencias a la justicia federal para confirmar que el piloto del avión venezolano pertenece a ese grupo armado iraní. El Presidente consideró que solo se trata de un problema para que el avión reciba su carga de nafta, debido a las sanciones que impuso Estados Unidos y que pueden terminar afectando a la petrolera que le provea combustible para poder seguir su ruta. En la Casa Rosada entienden que actuaron con rapidez y siguiendo los pasos correctos. Para el Gobierno no hay pruebas concretas sobre un vínculo de parte de la tripulación con el terrorismo. Por eso el Jefe de Estado remarcó el fin de semana que la oposición intentó “aprovechar” el caso del avión “con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA”. En paralelo, dos legisladores de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia en la Justicia contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, por encubrimiento. Así le sumaron más presión al escándalo. “Han intentado desde un primer momento no sólo ocultar las verdadera dimensión de esta misión en nuestro país, sino que han ensayado excusas con relación a la tripulación del avión con clara intención de encubrir este desembarco”, indicaron en el documento que lleva la firma de Ricardo López Murphy y Gerardo Milman. En simultáneo a la preocupación que genera el impacto internacional que pueda tener el caso del avión, sumado a las posibles implicaciones en la seguridad nacional, en el gobierno nacional aguardan el nuevo mensaje político de Cristina Kirchner. Fuente: Infobae