A través de la firma del mismo decreto que frena nuevas altas de planes sociales, el presidente Alberto Fernández aseguró un negocio millonario a los movimientos sociales para que hagan obras públicas que no superen los $300 millones. Se enmarca en una medida que avanza en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino, por lo cual a partir de la entrada en vigor de esa medida no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. Se respetará la “especialidad” de las Cooperativas del Trabajo de la Economía Popular para la adjudicación de obras y habrá diferentes modalidades de contratación. Además, se instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar como parte de la evaluación de oferentes para la obra pública un margen de preferencia para aquellos que acrediten tener un 5% de sus trabajadores vinculados a través del programa “Puente al Empleo”, una iniciativa del Gobierno para “transformar planes sociales en trabajo genuino”. “Hubo que reescribir muchas veces el borrador, porque hay gente involucrada que tiene buenas intenciones pero no sabe qué es la economía popular”, señaló un funcionario con despacho en la Casa Rosada que hizo fuerza para empujar el decreto, que escenificaron con una reunión y foto con el jefe de Estado, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; su par de Trabajo, Kelly Olmos; el titular de Economía, Sergio Massa; y el jefe de Gabinete Juan Manzur. “La idea es restaurar la política de construcción de vivienda, de asfalto. Durante el gobierno de [Alberto] Fernández no hemos firmado grandes obras, solo la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana). La gente quiere trabajar, no quiere un plan social”, explicó por su parte Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y secretario de Articulación de Política Social. Esta medida del Gobierno apunta al mejoramiento de condiciones en barrios populares. Es decir, que las agrupaciones tendrán control sobre a quiénes contratan para la realización de intervenciones en los mismos lugares donde militan políticamente. La cláusula fue parte de una negociación con el Gobierno en el marco del fin al ingreso de nuevos beneficiarios a la nómina de planes sociales como el Potenciar Trabajo, cuya ejecución depende de “unidades de gestión” asociadas a los movimientos sociales. Se trata de los responsables de dar el visto bueno sobre si los titulares de los planes realizan o no las contraprestaciones laborales obligatorias para recibir el monto mensual. Si manifiestan a las oficinas públicas que no es así, podría estar sujeto a la pérdida del beneficio. Para la oposición, en tanto, este mecanismo permite “controlar” a los recipientes del programa y en el Gobierno admiten que una baja porción de los beneficiarios cumplen con las tareas encomendadas. “Les da mayor control en la lógica punteril. Canalizan obras/caja. Crean monstruos enormes en manos de punteros políticos. Es el modelo “sueños compartidos”, comentó el diputado nacional del PRO, Luciano Laspina.