El Gobierno salió este viernes a aclarar que la extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, en realidad renunció porque había “perdido la confianza” del presidente Alberto Fernández, y no como una decisión propia, tal y como ella había explicado públicamente en la noche de este jueves tras conocerse la noticia. “Ante las declaraciones hechas por la Dra. Victoria Donda acerca de las razones que le expresara este Secretario de Gabinete sobre la decisión del Presidente de no renovar su intervención al frente del INADI, es necesario aclarar que los motivos transmitidos en dicha conversación fueron la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo; motivo por el cual la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 hs antes de la finalización de su mandato”, se detalló en una comunicación que se hizo desde la vicejefatura de Gabinete, que encabeza Juan Manuel Olmos, uno de los funcionarios de mayor confianza de Fernández. De este modo, el Gobierno buscó aclarar que en realidad no se trató de un portazo de Donda, sino de una decisión forzada por la determinación del Presidente de prescindir de su tarea al frente del organismo que presidía. El comunicado de la Casa Rosada también hace mención a las críticas que realizó Donda antes de dejar su cargo, en donde dijo: “Estoy justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo. Desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”. En este sentido, el texto del Gobierno aclara que “sobre las críticas públicas que la exfuncionaria realizó de la gestión nacional que encabeza el Dr. Alberto Fernández y que ella integró desde el 10/12/2019, es un derecho que la asiste como a todo militante político y no existe obligación alguna de tener un cargo público para realizarlas”.