Tras la ampliación de la denuncia de la Obra Social Provincia (OSP), la segunda investigación contra la empresa Garder avanzó, al punto que trascendieron detalles que le dan ribetes de un escándalo mayor, ya que se habla de captación de afiliados y servicios pagados que no fueron realizados. Desde la Unidad Fiscal Delitos Especiales no sólo imputarán como presuntos autores de fraude contra la administración pública a las propietarias de la compañía (Marilina De la Fuente y su hija Florencia Molina) y al responsable médico Eduardo Guzmán, sino que también estarán en la mira cuatro nuevos sospechosos, de los que no salieron a la luz, por ahora, sus identidades. Entre ellos, se encontrará un auditor de la propia obra social, otra de una firma tercerizada, una médica y un enfermero de Garder, revelaron fuentes judiciales, las que agregaron que están bajo la lupa como partícipes de una compleja maniobra para quedarse con plata del Estado. Garder es una empresa que brinda alimentación específica a los afiliados de la OSP que se encuentran en internación domiciliaria, además de que también presta este último servicio. La primera denuncia de Miguel Greco, de la obra social, derivó en que se abriera la investigación contra De la Fuente, Molina y Guzmán por el cobro de servicios que no se habrían prestado. La segunda presentación del titular de la entidad del Estado apuntó al servicio de internación domiciliaria. De acuerdo a las fuentes, el fiscal Iván Grassi, coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, encabezará el lunes a las 11 la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra los siete implicados. El mecanismo de internación domiciliaria en la OSP se dispara cuando un afiliado lo solicita, luego del requerimiento de su médico. Así, el pedido entra a un sistema informático que maneja la empresa Nivel Salud, el cual está vinculado al de la obra social. Esta última firma está contratada por la entidad estatal y es la que realiza una especie de sorteo entre 19 y 20 prestadores de la obra social que hacen internación domiciliaria y efectúa la derivación, además de que se encarga del seguimiento y control de que esa práctica se brinde. En la investigación previa surgió que las compañías están conectadas al sistema de la OSP y, de esa manera, en Garder tomaban conocimiento de las solicitudes de internación domiciliaria, ingresaban al programa informático y se las asignaban. Es decir, evitaban el sorteo. En ese punto, en Fiscalía ponen la mirada en la supuesta ausencia de control tanto de la auditora de Nivel Salud como el del auditor de la propia OSP, ya que son los encargados de avalar que las derivaciones de pacientes sean bajo el procedimiento correspondiente. Esa es una pata de la presunta maniobra, la que, en algunos casos, se concatena con otras supuestas irregularidades. Por otro lado, trascendió que una médica de Garder también cumplía tareas en clínicas privadas, en las que se enteraba qué pacientes necesitaban de una internación domiciliaria. De esa manera, se cargaban en el sistema e iban a parar directamente a la empresa denunciada, indicaron las fuentes. Como el convenio establece que el médico que solicita la internación no tiene que pertenecer a una compañía que brinda ese tipo de servicio, la profesional de Garder habría utilizado el sello y la firma de al menos dos colegas, dijeron las fuentes. Después, se encuentra la jugada más escandalosa. En una internación domiciliaria, hay pacientes que necesitan de una intervención quirúrgica, por lo que deben ser trasladados a clínicas. Según las fuentes, Garder llevó a 18 afiliados al Hospital Privado para operaciones de alta complejidad y cobró por ese servicio, aunque tanto en el centro de salud como familiares negaron que dichos pacientes hayan recibido ese tipo de práctica. Esos traslados habrían sido tramitados por la profesional de Garder y Guzmán, el responsable médico de la compañía. Incluso, figura que este último habría hecho las intervenciones, mientras que un enfermero de la empresa habría realizado las curaciones. Primera denuncia El pasado 10 de agosto, el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Mariano Carrera imputaron a Marilina De la Fuente, Florencia Molina y Eduardo Guzmán como presuntos autores del fraude contra la administración pública. En este caso, la sospecha es que se facturaron servicios de alimentación a afiliados que tenían internación domiciliaria, pero que no se prestaron. El caso testigo fue de una mujer en Zonda, a la que supuestamente se le brindaba alimentación enteral, pero su hija dijo que hacía meses que estaba internada en un geriátrico. Puja entre abogados En el medio de la causa penal, estalló un conflicto entre abogados que aseguraron que tienen la representación legal de Garder. Gabriel Silva demandó a la OSP en el Juzgado Contencioso Administrativo, pero, luego, apareció su colega Paola Nale, quien lo acusó de insertar una firma falsa de Marilina De la Fuente, la propietaria de la empresa. Ante tal acusación, la jueza Adriana Tettamanti envió el expediente a la Fiscalía Delitos Especiales, cuyo coordinador, Adrián Riveros, imputó a Silva como presunto autor del delito de falsificación de documento público.