El oficialismo convocó para hoy a las 18 horas al plenario de comisiones para tratar la ley Ómnibus, denominada oficialmente como proyecto de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. El encuentro se realizará en la Sala de Reuniones del 2° piso del Anexo “C de la cámara Baja. Luego de una extensa negociación que incluyó numerosas modificaciones a la propuesta original, loe legisladores empezarán a debatir el nuevo texto con el objetivo de emitir un dictamen para luego tratar el proyecto de ley en una sesión que (de no haber cambios) podría realizarse el próximo jueves en la Cámara de Diputados.   La convocatoria se produjo esta mañana, luego de un lunes de debates muy intensos que se cerró con el pedido de los gobernadores de la UCR y el PRO, quienes le pidieron a Milei más cambios en la ley Ómnibus. Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), los 10 mandatarios de la denominada “oposición dialoguista” participaron de una cumbre con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación.   El Gobierno no cede en quitar retenciones al agro y a la industria. En el medio de esa pulseada, les hizo un guiño a los mandatarios provinciales: anunció que hoy mismo enviará al Congreso el proyecto de ley de ingresos personales para revertir la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que se había derogado a fines de 2023. Según Infobae, el tributo alcanzará a los salarios a partir de los 1,3 millones de pesos mensuales. La restitución de Ganancias fue uno de los tira y afloje entre las provincias y la Casa Rosada, ya que de ese modo el Gobierno podría recomponer ingresos fiscales pero además los gobernadores conseguirían también una tajada al tratarse de un impuesto coparticipable, a diferencia del impuesto PAIS y de retenciones. El diálogo sigue abierto.   Otro de los puntos más importantes que modifica el nuevo proyecto es el del ajuste de las jubilaciones. Mientras en el original delegaba en el Ejecutivo hacerlo vía DNU, ahora queda establecido que hasta abril se mantendrá la fórmula previsional actual y a partir de ese mes ajustará por IPC, algo que el bloque de la UCR venía reclamando. Además, se eliminan las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes. En cuanto a la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, mediante la declaración de 11 emergencias por 2 años prorrogables por dos años más a sola firma del Presidente, eso finalmente quedó redactado de una forma por la cual se eliminó la emergencia en materia social y de defensa aunque quedan las 9 restantes, y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por 12 meses más con aprobación del Congreso.   No obstante, un punto a tener en cuenta es que en las conversaciones de la semana pasada había eliminado la emergencia sanitaria y en este documento la mantienen como “emergencia en salud”. Las privatizaciones y el blanqueo de capitales eran otros dos de los aspectos más conflictivos del proyecto. En e caso de las primeras, elimina a YPF del listado. Y para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se establece que sólo se puede hacer una “privatización parcial”.   En el caso del blanqueo de capitales se definió que lo que genere se “utilizará para capitalizar al Banco Central”, es decir, no será coparticipable como establecía el proyecto original, lo que está generando un mayor enojo de los gobernadores.   Además, entre otros grandes cambios, rediseña el capítulo de Cultura, donde no se propicia el cierre del Fondo Nacional de las Artes y se mantienen los fondos para el INCAA. Si bien desaparecen 141 artículos del texto del proyecto, que pasa de 664 iniciales a 523 en esta última etapa, el Gobierno advirtió que insistirá con muchos de ellos a partir del 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias. En este grupo entra el juicio por jurados, el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Salud Mental, la ley de Sociedades, la Reforma Electoral, las modificaciones al Código Civil y al Código Penal, entre otras.