El gobierno nacional encarará el tramo final de la puesta en marcha, el próximo 6 de mayo, del Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Rosario, una reforma que se aprobó en 2014 y quedó virtualmente paralizada en los últimos cuatro años. La medida, centrada en la transición hacia un sistema acusatorio con mayor poder para los fiscales, marca una división clara de roles entre la actuación del Ministerio Público, defensores y jueces, buscando una justicia más ágil y eficaz. Esta medida, que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, puso como prioridad y urgencia de su gestión, no solo es una respuesta a la necesidad de modernización de la justicia federal sino también una estrategia para combatir de manera más efectiva el crimen organizado que azota a amplias regiones del país, pero que tiene a Rosario como el epicentro de la violencia narcocriminal y las bandas organizadas para cometer múltiples delitos. En la preparación hacia este cambio, el Ministerio de Justicia confirmó que está organizando capacitaciones y simulacros generales para familiarizar a jueces, fiscales y defensores con la dinámica que implica el nuevo sistema. El 6 de mayo se marcará un hito en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario con un acto que busca no solo ratificar el compromiso con la implementación sino destacar la importancia de este paso hacia una justicia más eficiente y adaptada a las necesidades actuales. Por delante quedan diez días en los que deberán ultimarse desde la adecuación de la infraestructura, profundizar las capacitaciones de todos los involucrados en esta nueva etapa y un simulacro del nuevo sistema acusatoria, que reemplazará al actual, denominado inquisitivo, donde es el juez el que controla el proceso y la oralidad es una excepción más que la regla. Para este paso clave, se requieren resolver requerimientos de infraestructura básica, desde lugares o salas, sistemas, equipos informáticos, bienes muebles e inmuebles. El 6 de mayo habrá, entonces, un punto de inflexión clave en un largo cronograma de tres años para culminar en la gestión de Javier Milei con la implementación definitiva de la reforma del Código Procesal Penal Federal, que se sancionó en 2014 y que sólo tiene vigencia en las provincias de Salta y Jujuy. En diálogo con Infobae, el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, resaltó que esta reforma que se pondrá en marcha en 10 días traerá beneficios a los vecinos de esa ciudad, principalmente, porque va “ocuparse del fenómeno de la criminalidad organizada, de la macro criminalidad que tanto preocupa al país en general y al distrito Rosario en particular”. “El sistema es imprescindible porque crea las condiciones para desarrollar una política criminal que impacte de una manera eficaz en la lucha contra el crimen organizado. Eso no quiere decir que se va a terminar el crimen organizado, pero se crean las condiciones para que si trabajamos bien, logremos resultados tangibles en la disminución o el combate efectivo del crimen organizado”.