La recesión comenzó a mostrar sus efectos en la industria después del desplome de la producción y las ventas. La Unión Industrial Argentina (UIA) registró en el primer cuatrimestre la mayor cantidad de empresas del sector con despidos de al menos los últimos tres años. Los problemas para afrontar gastos en ese contexto también se mantienen en máximos desde 2021, por lo que las plantas comenzaron a no pagar los impuestos. Los empresarios, al igual que los analistas, observan cada vez menos indicios de una reactivación rápida de la actividad económica a pesar de que el Gobierno de Javier Milei afirma que ya tocó su piso. Las pymes son las más afectadas. Una encuesta de la UIA realizada en la primera quincena de mayo a más de 1.210 empresas, dos de cada tres de ellas pymes, arrojó que el 24% de las industrias consultadas había disminuido su dotación de personal. Ese es el porcentaje más alto desde enero de 2021, cuando la entidad comenzó a publicar su relevamiento sectorial en la salida de la pandemia. “Por tercer relevamiento consecutivo, son más las empresas reducen su nivel de empleo que aquellas que lo aumentan. Además de reducción de personal, las empresas aplicaron suspensiones y redujeron turnos”, explicó la casa fabril. Uno de los casos más paradigmáticos es el de los proveedores de materiales para la construcción, actividad que tras el parate de la obra pública que aplicó Milei no encuentra piso. Uno de los mayores fabricantes de griferías, FV, anunció la suspensión por tres meses de unos 80 operarios en su planta de Pilar, donde hay 1.400 empleados. La siderúrgica Acindar había parado su producción en marzo y no se descarta que vuelva a hacerlo en junio. Fate despidió a 97 operarios en su planta de neumáticos de San Fernando. Medidas como estas se vieron en Pepsico, General Motors, Renault y Toyota, entre otras. Entre las medidas implementadas por las compañías a raíz de la baja en la producción, sobre el total de las firmas consultadas, el 24% redujo turnos de trabajo y el 25% evalúa hacerlo. El 17% redujo personal y el 30% analiza si despedir. En tanto, el 7% suspendió empleados y el 26% no descarta avanzar en ese sentido. En ese sentido, aumentaron las empresas con dificultades para hacer frente a sus pagos. El 12% presentó problemas para afrontar integralmente todas sus obligaciones (salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifas de servicios públicos e impuestos), el valor más alto de la serie. El 35% no pudo realizar el pago completo de sus impuestos, el 28% a sus proveedores, el 23% no pudo cubrir sus compromisos financieros, el 19% no pagó los servicios públicos y el 13% los salarios. El recorte de personal y la postergación del pago de impuestos se da en el marco de una fuerte retracción de la actividad con suba de costos, como en el caso de los aumentos de hasta 1.000% en luz y en gas. El 53% de las empresas encuestadas por la UIA enfrentó caídas de la producción en el primer cuatrimestre, el 60% en las ventas y el 37% en las exportaciones. La situación alcanzó a todos los segmentos de empresas, con especial impacto en el entramado pymes. “En la mayoría de los casos estos porcentajes fueron ligeramente menores a los del relevamiento de enero por motivos estacionales”, explicó la entidad. Para marzo, el índice de producción industrial manufacturero del Indec marcó un desplome del 21,2% respecto al mismo mes del año anterior y del 6,3% frente a febrero. El trimestre acumuló una baja del 14,8% interanual, ubicando a la actividad en niveles pandémicos. No se salvó ningún rubro, aunque los vinculados al mercado interno mostraron las peores bajas. Al respecto, desde la consultora LCG detallaron: “La caída de la industria ya acumula 6 meses al hilo en baja mensual, acumulando un retroceso de 17,5% en ese período. La producción se ubica en niveles similares a los de junio 2020, en la recuperación post pandemia”. En la UIA marcan coincidencia con el Gobierno en algunas reformas que impulsa el Gobierno como el achicamiento del Estado y la reforma laboral contenida en el proyecto de Ley Bases. Sin embargo, marcan sus diferencias con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en particular, al impacto que puede tener en la competitividad de las pymes. Pero la mayor preocupación en la entidad es la crisis que vive el sector. “Los representantes sectoriales y regionales manifestaron su preocupación por la caída de la actividad, el incremento de los costos energéticos y el impacto del contexto, en particular, en el sector pyme. Los datos preliminares de marzo y abril muestran una continuidad en la caída de la actividad. En el marco de la necesidad de la búsqueda de equilibrios macroeconómicos, los representantes pidieron medidas que colaboren para sostener la demanda, el empleo y la producción”, advirtió la UIA luego de su última reunión de Junta Directiva.