Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de San Juan, junto con Unidades de Gendarmería Nacional que contó con la asistencia del personal de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno provincial y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las víctimas de Trata de Personas, llevaron a cabo seis allanamientos que coronaron el trabajo investigativo de dos años a la fecha sobre una banda que cometía delitos de explotación sexual y laboral en distintas plataformas digitales, infringiendo la Ley 26.842.   En los allanamientos y como resultado de las requisas, fue posible detener a los principales investigados (tres ciudadanos de diferentes nacionalidades) Argentina, Colombia y Venezuela.   A estos individuos se les inhibieron sus bienes personales y fueron incautados dos automóviles, más otros elementos de interés para la causa que están valuados en aproximadamente $120.000.000.   Los sujetos involucrados habrían conformado una red de trata con conexión internacional, principalmente con Colombia. En San Juan se dedicaban a captar a mujeres a través de redes sociales mediante ofertas laborales, las cuales apuntaban a personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Cuando obtenían el ok de las víctimas, procedían a su traslado, en principio hacia la provincia de La Rioja y luego hasta Colombia. Para completar el enlace investigativo con Colombia se solicitó apoyo de la Dirección de Cooperación Policial Internacional. Para ello fue fundamental el entrecruzamiento de la información y el análisis de datos públicos existentes en las distintas redes sociales, lo que permitió recopilar información difundida en internet, que fue utilizada por la organización, además para la difusión de contenidos eróticos y explícitos cuyas conexiones se establecían vía streaming, casillas de mensajería y servicios exclusivos, a los que los usuarios lograban acceder abonando un canon que pagaban con tarjeta de crédito, criptoactivos y otros medios de pago internacionales.   Las víctimas eran sometidas a desempeñar las actividades ordenadas bajo condiciones de explotación, en las que eran privadas de calefacción, agua caliente y estaban obligadas a compartir habitaciones, baño y objetos sexuales sin higienizar, además de carecer de obra social o servicio de asistencia médica.   En este procedimiento intervino el Juzgado Federal N.º 2 de San Juan que dispuso el secuestro de todo elemento de interés para la causa, que se proceda a la detención de los involucrados y en paralelo, secuestrar también todo lo relacionado con el rédito económico que provenía de la actividad ilícita.   También solicitó el magistrado federal el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los investigados, a los fines de obtener datos financieros y patrimonial a cargo del Grupo de Delitos Económicos, que permita establecer la trazabilidad del dinero a través de distintas cuentas y billeteras virtuales.   Estos procedimientos se estarían desprendiendo de la causa en la que está siendo investigado el abogado penalista Gustavo de la Fuente quien fue detenido, por estar sospechado de pertenecer a una red de trata de personas con fines sexuales y explotación laboral, según informaron las fuentes federales.     FUENTE: DIARIO HUARPE