El pasado 4 de julio, el abogado Gustavo De la Fuente fue detenido por Gendarmería Nacional en un operativo que sorprendió a propios y extraños, no sólo por la detención de una figura conocida como lo es el letrado sanjuanino, sino por el tenor de la denuncia que pesa sobre sus hombros. Es que el penalista está sospechado por explotación y trata de persona con fines sexuales y se lo vincula a una organización criminal que captaba a las víctimas y las trasladaba a Colombia. Según informó la autoridad nacional que desarrolló la investigación durante dos años, la banda que estaría integrada por el abogado tenía conexión internacional y, especialmente, mantenía vínculos en el país cafetero, hasta donde mujeres en estado de vulnerabilidad eran enviadas para ser explotadas. Si bien había trascendido cómo operaba la empresa sospechada, ahora se conocieron más detalles. Para lograr su cometido, acorde informó Gendarmería, primero contactaban a las víctimas a través de las redes sociales y, mediante ofertas laborales interesantes, establecían relaciones de trabajo. El trato era que debían producir contenido erótico para plataformas digitales de otros países. Luego, con aquellas que se hallaban en una situación económica crítica, de alguna manera, las convencían y se configuraban los traslados afuera del país. Las autoridades señalaron que las víctimas eran llevadas hasta La Rioja y, desde allí, iniciaban el camino hacia tierra colombiana. Se desconoce, por el momento, a qué ciudades eran enviadas y en qué sitios ejercían la explotación de las mismas. Lo cierto es que la Dirección de Cooperación Policial Internacional de la Fuerza debió prestar colaboración para trazar los rastreos. Como consecuencia, se hicieron seis allanamientos en San Juan y en uno de esos despliegues que llevó adelante la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” cayó detenido De la Fuente. Además, otros dos miembros de la supuesta organización delictiva fueron aprehendidos, uno de nacionalidad colombiana y otro venezolana. Por orden del juez federal, Leopoldo Rago Gallo, los uniformados inhibieron los bienes de los implicados, así como también secuestraron los elementos tecnológicos que sostenían el negocio bajo la lupa; todo un patrimonio valuado en más de 120 millones de pesos. Los gendarmes, que acudieron al estudio jurídico de Dela Fuente, incautaron dos automóviles y documentos que servirían como pruebas para la causa. Fuentes allegadas a la investigación manifestaron que se secuestraron contratos en los que se establecía que las ganancias para las "trabajadoras", que propiciaban los servicios sexuales virtuales, y los "organizadores", que ponían en función la estructura montada en un domicilio capitalino (calle Güemes antes de Av. libertador), eran en partes iguales. Sin embargo, los datos que trascienden de las cuentas bancarias de los imputados revelaría lo contrario. Al abogado al que le dictaron la prisión preventiva, no sólo lo imputaron por explotación y trata, sino también por lavado de dinero y tenencia de drogas, dados los resultados del allanamiento en uno de sus domicilios. Por ahora no está claro cuál era el rol de De la Fuente en la presunta banda criminal. Consultado alguna vez por su función dentro de Belle Argentina, cuando fue allanado por el CAVIG en 2022 por sospechas de abuso sexual en el sitio, el propio abogado desmintió ser el propietario y dijo sólo realizar la representación legal. El juez Rago Gallo, el último lunes no lo consideró así y, fundado en profundos nexos con la organización criminal, lo imputó y envió directo al Penal de Chimbas.