A 30 años del atentando contra la sede de la AMIA, el bloque del PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, presentó este miércoles un proyecto de ley para prevenir, perseguir y sancionar los actos terroristas. De hecho, Ritondo repudió las amenazas del Gobierno de Irán sobre un posible nuevo ataque en el país. El diario Teheran Times de Irán, afín al régimen gubernamental de ese país del Medio Oriente, publicó el fin de semana un artículo en ocasión del 30º aniversario del atentado a la AMIA en el que aseguró que “Argentina lamentará su enemistad con Irán". Esta publicación se produce luego de que el presidente Javier Milei declarara oficialmente a Hamas como organización terrorista. “Un día antes de que se cumplan 30 años del atentado a la AMIA, el régimen iraní amenaza con un nuevo ataque. El Estado de Irán, patrocinador de actividades terroristas, causó mucho dolor en nuestro país con dos atentados”, comentó Ritondo en la red social X. Seguidamente, el ex ministro de Seguridad bonaerense y diputado del PRO explicó los motivos por los cuales presentó un proyecto de ley para prevenir y sancionar las actividades terroristas, “dándole un marco legal integral que aborde todas las formas de terrorismo, incluyendo el ciberterrorismo”. Según comentó, “esta normativa se alinea con los estándares internacionales y se adapta a las nuevas modalidades delictivas emergentes”.  “Hoy, Argentina ya no firma memorándums de impunidad; estamos del lado de las democracias y combatiendo la violencia extremista”, afirmó. “Con el terrorismo, no se negocia”, concluyó Ritondo, haciendo un contraste con los posicionamientos de los gobiernos kirchneristas a nivel internacional. . El proyecto de ley lleva la firma no solamente del titular del bloque del PRO sino de sus pares Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Patricia Vásquez, Héctor Stefani, Álvaro González, Verónica Razzini, Florencia de Sensi, Sergio Capozzi, Martín Maquieyra, Silvana Giudici y Alejandro Finocchiaro. La iniciativa le concede competencia exclusiva a la Justicia Federal para juzgar los delitos de terrorismo, con colaboración de agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad.  También protege a testigos, víctimas e imputados mediante el Régimen Nacional de Protección de Testigos y un fondo permanente financiado con multas y bienes decomisados. A su vez, se propone la transferencia del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la Agencia Federal de Inteligencia y crea el Comité de Declaración de Personas, Organizaciones y Entidades Terroristas (CDPOET).  En otro orden, se establecen sanciones para los actos de terrorismo en un rango de entre 10 a 25 años de prisión, y reclusión perpetua en caso de muerte de las víctimas.  Para el ciberterrorismo, las penas varían según la gravedad del acto, con sanciones específicas para diversas formas de ciberataques.  Además se proponen penas de 5 a 15 años de prisión para el financiamiento del terrorismo. En tanto, el proyecto promueve la cooperación internacional para prevenir, investigar, perseguir y sancionar actos terroristas, incluyendo el intercambio de información con agencias internacionales de países aliados y establece mecanismos estrictos de control y supervisión de fondos para prevenir el financiamiento del terrorismo, siguiendo las recomendaciones del GAFI.