En un reciente artículo de opinión, monseñor Jorge Lozano, líder de la Iglesia en San Juan, expresó su inquietud respecto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo nacional que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Lozano argumenta que la desigualdad social se manifiesta desde el nacimiento, y muchos niños ya enfrentan el estigma de la pobreza desde sus primeros días. El arzobispo subrayó que la legislación debería abordar una variedad más amplia de factores que influyen en los menores involucrados en delitos. En lugar de enfocarse únicamente en la sanción de los menores infractores, Lozano propone investigar las causas subyacentes de la criminalidad juvenil y buscar maneras de prevenirla. Destacó la necesidad de mantener a los niños y adolescentes en el sistema educativo y proporcionarles oportunidades para aspirar a un futuro diferente, en lugar de recurrir a actividades delictivas como el narcotráfico o el robo. “Es crucial, al legislar, considerar todas las circunstancias que afectan a los menores vinculados al delito. Debemos analizar las causas para no solo apagar el incendio, sino evitar que se encienda. Esto implica ofrecer igualdad de oportunidades y garantizar que los jóvenes no abandonen ni sean expulsados del sistema educativo. Sus aspiraciones no deberían pasar por delinquir o vender droga para conseguir ropa de marca”, afirmó Lozano. Además, Lozano destacó que en muchas regiones del país, las organizaciones criminales llegan antes que el Estado, captando a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Mencionó ejemplos de sistemas de justicia terapéutica y restaurativa en ciudades como San Juan, Córdoba y Rosario, que buscan alternativas al encarcelamiento, enfocándose en procesos de sanación y desarrollo para los jóvenes infractores. El arzobispo también criticó la falta de propuestas legislativas para abordar las violaciones de la ley en las que los menores son víctimas, como la trata de personas y la explotación laboral y sexual. Según Lozano, es preocupante que el enfoque principal esté en penalizar a los menores delincuentes, mientras se ignoran los graves problemas de explotación y abuso que enfrentan los menores. En su artículo, Lozano cuestionó la efectividad del sistema actual, señalando que muchos jóvenes obtienen sus primeros objetos de valor a través de actividades delictivas. Propuso reflexionar sobre si el sistema educativo ha fallado en retener a los jóvenes y advirtió sobre la necesidad de una mayor inversión en educación, salud y actividades recreativas para prevenir la delincuencia juvenil. Finalmente, Lozano hizo un llamado a una mayor inversión en los barrios más vulnerables, destacando la necesidad de más docentes, personal de salud y trabajadores sociales. “Es urgente fortalecer las redes de contención y desarrollo para asegurar que los jóvenes puedan avanzar socialmente en lugar de caer en ciclos de pobreza y delincuencia”, concluyó.