Un equipo de fiscales federales, compuesto por Francisco Maldonado, Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), ha solicitado al juez Leopoldo Rago Gallo que procese al abogado penalista Gustavo de la Fuente, al colombiano Jhon Sebastián Quevedo Medina y al venezolano Wuillder Gehys Nazareth Rodríguez Martínez. Los fiscales alegan que, entre el 6 de octubre de 2023 y el 3 de julio pasado, los acusados cometieron el delito de trata de personas con fines de explotación sexual de al menos 21 mujeres, aprovechándose de su vulnerabilidad. Las actividades delictivas incluían la venta de contenido sexual virtual desde una vivienda en Güemes al 4 Sur, Capital, y la prostitución común y VIP mediante contactos personales en dos departamentos ubicados en avenida Libertador al 368 Oeste, también en Capital. Los tres sospechosos fueron detenidos a principios de julio, cuando se descubrieron a tres de las presuntas víctimas en la casa de calle Güemes, equipada con habitaciones con cámaras para la grabación de videos. Ante el juez, el abogado se negó a declarar, mientras que los otros dos imputados intentaron desvincularse del caso. El venezolano alegó ser solo un empleado del abogado, y el colombiano afirmó lo mismo. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el venezolano supervisaba el trabajo de las mujeres y también participaba en la oferta sexual a través de un sitio web de contenido para adultos. La investigación, que contó con la colaboración de expertos en ciberdelitos de Gendarmería Nacional, descubrió que las víctimas eran reclutadas a través de redes sociales con la promesa de trabajar como modelos y obtener altas ganancias a través de la página ‘Belle Argentina’, con sede en calle Güemes. Este sitio estaba vinculado con ‘Belle Colombia’, donde operaba un esquema similar. Durante las entrevistas, el abogado y el colombiano informaban a las mujeres que el trabajo consistía en la producción de contenido sexual virtual vendido a través de cuatro sitios web, con pagos en divisas extranjeras (dólares o euros). Aunque el acuerdo era que las mujeres recibirían el 50% de las ganancias (o de los ingresos por contactos personales), al momento del pago se les descontaban costos como consumos de droguería, juguetes sexuales utilizados en las grabaciones y alquileres, ya que algunas mujeres no tenían residencia propia y se les persuadía a pagar con sexo. Además, el pago se realizaba en dólares y al tipo de cambio que los empleadores imponían. El rastreo informático reveló transferencias de grandes sumas entre el abogado y el colombiano, así como la existencia de ‘modelos satélites’, como una joven conectada desde La Rioja. Ahora, el juez debe decidir si los acusados permanecerán detenidos.