En un golpe contundente para la administración de Javier Milei, la Cámara de Diputados logró este martes el quórum necesario y rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 256/2024, emitido por el Poder Ejecutivo, que aumentaba en $100.000 millones los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este rechazo, liderado por la oposición, marca un momento crucial en la tensión política que se vive en el país. El DNU, impulsado por Santiago Caputo, asesor clave del presidente, había generado una fuerte polémica desde su emisión, debido al significativo incremento en el presupuesto destinado a la SIDE. La oposición, encabezada por Encuentro Federal, la Coalición Cívica y un sector crítico del radicalismo, logró reunir 140 diputados en el recinto para dar inicio a la sesión especial, lo que permitió la votación del decreto. La votación final reflejó el amplio consenso opositor, con 156 votos a favor del rechazo, 52 en contra y 6 abstenciones. Esta decisión expone las crecientes divisiones dentro del oficialismo y sus aliados, particularmente en el Pro, donde cinco de sus diputados, incluidos Álvaro González y Daiana Fernández Morlero, se sumaron a la iniciativa opositora. El jefe de Pro, Mauricio Macri, habría dado la orden para que estos legisladores asistieran, revelando la tensión interna entre su sector y el círculo cercano a Milei. El rechazo al DNU no fue un proceso fácil. Durante la sesión, los libertarios, con Nicolás Mayoraz a la cabeza, intentaron detener la votación argumentando que se necesitaba una mayoría agravada para rechazar el decreto. Sin embargo, los opositores respondieron enérgicamente, señalando que ya había transcurrido el plazo de diez días hábiles desde la publicación del decreto, tal como lo estipula la ley 26.122. La tensión en el recinto fue palpable, con intercambios acalorados y momentos de alta confrontación. Este revés parlamentario no solo deja en evidencia las fracturas dentro del oficialismo, sino que también pone en entredicho la estrategia de Caputo y la viabilidad de la reestructuración del sistema de inteligencia impulsada por su equipo. La medida, que buscaba aumentar significativamente los recursos destinados a las operaciones de inteligencia del Estado, fue vista por muchos sectores como un intento de consolidar el poder de la SIDE en un contexto de creciente inestabilidad política.