Al momento de presentar las estadísticas del funcionamiento en su totalidad del sistema acusatorio, el jefe del Ministerio Público Eduardo Quattropani le envió una advertencia a la Corte de Justicia. “Las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) están al límite de sus posibilidades” y “al borde del colapso”. Al ser consultado, señaló que “es muy probable que no se pueda mantener el régimen de trabajo de 24 horas los siete días de la semana” y que tanto él como los coordinadores de las áreas han informado al máximo tribunal de la situación y que han pedido personal de refuerzo. Además, destacó que, “o se entiende este nuevo paradigma y se lo nutre de recursos necesarios o le damos la derecha a la burocracia y trabajan todos en horario de administración y, por ahí, con un plus de premio”.   Ese último párrafo encierra la crítica más dura por distintos motivos. Por un lado, es un mensaje a comprender el mecanismo en el que los fiscales son los encargados de la investigación de los hechos delictivos, en tándem con la Policía, los que acuden a las diferentes escenas del crimen junto a los ayudantes fiscales. Por otro lado, la referencia a la “burocracia” apunta a que el personal del Ministerio Público trabaja todos los días, mientras que otros organismos o tribunales lo hacen de manera reducida o en horario “administrativo”. Y, por último, la referencia al “plus” es al adicional que entregó la Corte a un grupo de administradores de las Oficinas Judiciales, lo que había desencadenado críticas del gremio Unión Judicial (dado que no se hizo extensivo a otros empleados) y del propio Quattropani. Este último había apuntado sus cañones al secretario Administrativo, Javier Vera. Quattropani participó ayer con el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y el jefe de Policía, Néstor Álvarez, de la presentación de las estadísticas del acusatorio, el cual comenzó a cubrir toda la gama de delitos desde el 26 de febrero. Los números, hasta el 15 de agosto, reflejaron que hubo un total de 19.968 legajos con intervención de las Unidades Fiscales, con un peso trascendental en la de Delitos contra la Propiedad (10.318), otro lote conformado por ANIVI, Cavig y Genérica y, por último, Delitos Especiales, Flagrancia y Delitos Informáticos y Estafas (Ver informe).  En dicha conferencia de prensa, el jefe de los fiscales planteó el escenario de desborde en el que se encuentra el personal del Ministerio Público. Ante la consulta de este medio, indicó que el panorama que describió obedece a que ha verificado “esa situación” y a “las presentaciones de los fiscales Coordinadores de cada UFI, las que han sido puesta en conocimiento de la Corte, la que tiene las herramientas para dar respuesta a la problemática”. Esas herramientas, “estadísticas en mano, son el refuerzo de personal”, resaltó Quattropani. El máximo tribunal tiene la facultad para designar abogados, que luego pueden cumplir las funciones de ayudantes fiscales, al echar mano de los postulantes que aprobaron el concurso de ingreso 2022. Por otro lado, hay 12 cargos de fiscales de primera instancia que están transitando la etapa final para el nombramiento de tales magistrados. Los miembros de la Comisión de Justicia y Seguridad están realizando las entrevistas a los ternados, la instancia previa a la sesión para las designaciones. El fiscal General remarcó que se puede resentir el funcionamiento del acusatorio y que las Unidades Fiscales y su personal trabaje en horarios reducidos, por lo que, en el tiempo restante, las denuncias de las víctimas y las declaraciones de testigos, por ejemplo, sean tomadas en las comisarías por los policías. Sería un retroceso de cómo se viene actuando con el mecanismo. Sin embargo, el jefe del Ministerio Público señaló que “no he tomado esa medida extrema, es decir, cambiar el régimen laboral, sólo por la colaboración de la Policía de San Juan, que ha reforzado las bridadas de cada UFI”. Por eso, manifestó que “el tema es conceptual (dotar de recursos al sistema acusatorio), tal como decidir las prioridades del Poder Judicial”. Ya había salido a la luz un atisbo de la preocupación de Fiscalía, cuando se le había pedido a la Corte que, a través de su facultad legislativa, presente un proyecto de ley para que los diputados aprueben una modificación normativa que permita que el procedimiento de Flagrancia contemple delitos bajo la órbita de la UFI Genérica, como lesiones, encubrimientos y daños. El máximo tribunal envió la iniciativa a la Legislatura, la que ya se encuentra en comisiones para su tratamiento y posterior debate y sanción.