La gestión orreguista trabaja a contra reloj para enviar a la Cámara de Diputados un proyecto local de blanqueo de capitales. La urgencia surge para que la norma se pueda acoplar a la que ya rige a nivel nacional y quedó aprobado con el paquete fiscal del presidente Javier Milei, el que se sancionó junto con la Ley Bases. Dicha normativa cuenta con plazo de adhesión inicial hasta el 30 de septiembre, por lo que desde el Ejecutivo entienden que tienen hasta esa fecha para lograr una sanción provincial. Fuentes oficiales confirmaron que, si bien se trata de un blanqueo tal cual existe a nivel nacional, el proyecto local no implicará una adhesión, ya que habrá modificaciones que tendrán impacto en tributos que percibe Rentas, como es el caso de los Ingresos Brutos. A su vez, la iniciativa del ejecutivo perfila como un nuevo round de discusión en el recinto, luego de acalorados debates entre oficialismo y oposición por la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el OK a la baja del contrato de construcción del dique El Tambolar.   El blanqueo de capitales es un mecanismo que puso en marcha el gobierno de Javier Milei con el objetivo de ofrecer a los argentinos una oportunidad de declarar los ahorros en dólares, también en pesos, que no están declarados. En esa línea, aquellos que busquen “blanquear” fondos, no serán perseguidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y tampoco deberá pagar impuesto por esos recursos, aunque existen límites. Las personas que abran una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) e ingresen montos menores a 100 mil dólares estarán exentos de pagar impuesto, mientras que los que superen esa cifra, pagar un 5 por ciento del excedente si el blanqueo lo hacen antes del 30 de septiembre. Si lo hacen antes del 31 de diciembre, el tributo es del 10 por ciento, mientras que si lo realizan antes del 31 de marzo, el canon es del 15 por ciento de lo que supere los 100 mil dólares. Fuentes oficiales indicaron que es clave que la provincia cuente con un régimen propio de blanqueos, como el nacional. Es que, sin ese mecanismo, corre el riesgo de que un sanjuanino decida depositar sus ahorros en otra provincia. Esto es porque, si existe una regulación de activos y la provincia no cuenta con una ley, Rentas puede exigir que se pague el impuesto a los Ingresos Brutos por ese monto o, si los fondos se obtuvieron por la venta o compra de una casa, el impuesto Inmobiliario correspondiente. Así, el Ejecutivo trabaja a contra reloj, ya que no cuenta con mucho tiempo para que el proyecto sea enviado a diputados y aprobado, antes del 30 de septiembre. Incluso, en ese marco, hay quienes advierten que la gestión orreguista podría buscar un tratamiento sobre tablas en la próxima sesión, la que, en principio, está prevista para la semana que viene. Si eso ocurre, el oficialismo necesitará, obligatoriamente, de diputados aliados para una sanción, ya que es minoría dentro del recinto. En los últimos dos debates, por RIGI y El Tambolar, el orreguismo contó con el apoyo del Bloquismo, la Libertad Avanza, el Frente Renovador y el Bloque del Este, y algunos diputados departamentales del Justicialismo, como fue el caso de Valle Fértil, Calingasta y Chimbas, y así logró 19 adhesiones, esto es, la mayoría simple del cuerpo. Dicho voto positivo puede no sostenerse hacia el fututo, aunque con los votos del partido de la estrella, el massismo, el sector libertario y del representante del bloque del Este, el oficialismo llegaría a los 18 escaños, la mitad de los diputados de la Cámara. Con esa cifra, que implica la mitad del cuerpo, quien tendrá que definir es el vicegobernador, Fabián Martín.