Acusan a un entrenador de boxeo del SEP por violar a una joven alumna menor de edad

Un lamentable caso ocurrió cuando un entrenador de boxeo del SEP fue denunciado por violar a una alumna menor de edad y por ello fue detenido por las autoridades. Se lo acusa por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El profesor fue identificado como Leonardo Martínez quien se  presentó frente a la jueza de Garantías y quedó formalmente imputado.

La fiscalia indicó que, la agresión sexual fue denunciada el viernes último, cuando la presunta víctima de 15 años se quebró y contó lo que había sucedido. Acorde se supo en audiencia, no se trataría de un solo episodio, sino de varios que se habrían registrado entre julio de este año hasta agosto.

Luego de la declaración de la menor y los resultados del examen forense, que confirmaron lesiones en las áreas íntimas de la joven debido a un ataque violento, los fiscales Valentina Bucciarelli y Nahuel Ibazeta solicitaron la detención de Leonardo Martínez. Así, el lunes, la policía procedió a arrestar al acusado en su residencia ubicada en la Villa Seminario, Rivadavia.

Martínez, que también entrenaba a otras jóvenes, decidió no hacer declaraciones ante la jueza Irene Mabel Moya. El Ministerio Público, que había objetado la posibilidad de libertad provisional, ha anunciado su intención de apelar al Tribunal de Impugnación para solicitar la prisión preventiva. Este pedido se fundamenta en la preocupación de que el acusado podría obstaculizar la investigación y tratar de influir en posibles testigos si queda en libertad.

El impacto de la noticia ha sido notable en el sindicato relacionado con el deporte en San Juan. Según se ha informado, el gimnasio del SEP, ubicado en Av. Ignacio de la Roza y Salta, ha sido objeto de protestas con panfletos en la puerta, en rechazo al acusado.

Además, se reportó que en un grupo de WhatsApp de estudiantes, una joven expresó su decisión de dejar de asistir a las clases en solidaridad con la víctima. No obstante, su mensaje fue eliminado y la joven excluida del grupo por el administrador, quien no es el acusado, sino alguien cercano a él.

Ahora, el profesor enfrentará un proceso judicial a través de la UFI ANIVI en los próximos meses. La acusación que enfrenta es grave y, de ser hallado culpable, podría recibir una condena mínima de ocho años de prisión efectiva.