El gobierno nacional de Javier Milei comenzó a realizar un relevamiento, en todo el país, sobre aquellas personas que reciben una pensión por invalidez. El objetivo es realizar una depuración del listado de beneficiarios, ya que se han detectado irregularidades en las entregas producidas en las administraciones anteriores. Según confirmaron fuentes oficiales, San Juan no quedó exenta del marco de irregularidad, al punto que “ya se han producido algunas bajas” de beneficiarios que recibían pensiones por invalidez. El dato no es menor, porque la quita del beneficio también implica que una caída en la cobertura sanitaria a través del programa nacional Incluir Salud. Además, las fuentes indicaron que el proceso de relevamiento continúa por lo que no descartan que existan más bajas, una vez que la administración central finalice con el procedimiento. Lo que no trascendió, es el motivo por el cual Nación decidió aplicar la quita del beneficio. Las irregularidades en las entregas de las pensiones por invalidez fue un escándalo nacional, expuesto por el Ejecutivo una vez que asumió en el gobierno. El foco se centró en las pensiones no contributivas por discapacidad laboral porque se detectaron casos irrisorios, como el uso de una radiografía de un perro para justificar una dolencia o el texto de un poema plasmado en el diagnóstico. Asímismo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un mecanismo de corrupción por beneficios mal entregados, con un importante perjuicio contra el Estado, por un monto estimado en unos 3.400 millones de dólares anuales. Detectadas las irregularidades, todos los beneficios comenzaron a ser auditados y no se descarta que las bajas en todo el país ronden entre las 160 mil hasta las 500 mil, en todo el país, de las cuales, algunos casos pertenecen a San Juan. Fuentes oficiales indicaron que, a comienzo de año, la provincia, a través del Ministerio de Salud, envió a Nación toda la información correspondiente a cada uno de los beneficiarios de pensiones locales. La participación del Ejecutivo local se debe a que es el organismo que tiene a cargo la agencia local de discapacidad (ANDIS). Esto es, si bien el trámite se realiza en la provincia, la entidad nacional es la que finalmente habilita o no el beneficio. Un punto clave que aclararon las fuentes es que, tal como lo establece la normativa nacional, aquellas personas que reciben una pensión, como la de discapacidad, también pueden recibir cobertura médica a través del plan Incluir Salud, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Uno de ellos es no contar con otra cobertura médica, como puede ser una obra social o PAMI. Para algunos casos locales que ya fueron dados de baja, se determinó que existieron personas que recibían Incluir Salud, pero tenían a su vez otra asistencia sanitaria, incluso privada. El dato no es menor, ya que, el plan Incluir Salud, para aquellos titulares de una Pensión no Contributiva (PNC), que no posea cobertura médica, es pleno e incluye medicamentos, sillas de rueda y hasta diálisis, más el traslado del paciente desde su domicilio hasta el centro de salud, entre otros. Así, existe malestar dentro del Ejecutivo local porque entienden que se trata de un programa central que, en algunos casos, ha sido mal utilizado y que debería ir destinado para aquellas personas que realmente lo necesita. Según el último informe oficial del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que data de noviembre del año pasado, San Juan contaba con 28.712 beneficiarios, lo que representaba el 1,7 por ciento del total nacional. Se estima que, actualmente, dicha cifra no supera los 25 mil casos.