En el marco del plan para reducir el Estado, el Gobierno disolverá la semana próxima otros cinco organismos descentralizados, entre los cuales estará la Casa de la Moneda, encargado de la impresión del dinero, en papel y metal, con curso legal en la Argentina. De acuerdo con fuentes del círculo íntimo del presidente Javier Milei, la decisión ya está tomada y será oficializada en los próximos días a través de un comunicado. Las tareas que cumple la entidad pasarán a ser realizadas por compañías privadas a las cuales se les adjudicará el trabajo mediante una licitación, o incluso se analiza “importar los billetes” que necesite el Banco Central, de acuerdo con lo que adelantaron personas al tanto de la iniciativa. Al igual que como ocurrió con la empresa Trenes Argentinos Capital Humano, que fue eliminada este martes, todos los trabajadores que actualmente cumplen funciones en la Casa de la Moneda “serán despedidos”. Además de acuñar el peso argentino, el organismo también se ocupa de la fabricación de especies valoradas, instrumentos de control, documentos de seguridad, diseño y desarrollo de software y procesos de digitalización. La institución, que en estos momentos preside Daniel Méndez, es una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que encabeza Luis “Toto” Caputo, y fue creada en 1875, año a partir del cual comenzó a funcionar de manera ininterrumpida hasta esta fecha. Entre las múltiples tareas que tiene a su mando, esta institución produce sellos postales, estampillas fiscales y otros objetos de valor esenciales para el funcionamiento del Estado, operando bajo estrictos estándares de control de calidad. Entre sus certificaciones se destaca la norma ISO 9001:2015, otorgada por Bureau Veritas Certification, que avala sus procedimientos de fabricación de billetes, monedas, medallas, pasaportes electrónicos, chapas patente y cédulas vehiculares. Asimismo, ha alcanzado el máximo nivel de la norma ISO 14298:21 de Gestión de los Procesos de Seguridad en impresión, lo que le permite fabricar billetes de banco y otros productos con los más altos niveles de seguridad a nivel internacional. Con sede en diferentes puntos estratégicos del país, las plantas de la Casa de Moneda en Retiro y Don Torcuato son los principales edificios en los que funciona, los cuales están equipadas con la última tecnología en fabricación de billetes, pasaportes y chapas patente. Si bien no recibe una partida específica del Presupuesto de la Administración Nacional, tal como lo indica la Ley N° 24.156, sus gastos deben ser aprobados por el Ministerio de Economía, que es la autoridad competente. Según el informe del 2022, el último dato registrado en su página web, la entidad tuvo un déficit estimado para ese año de unos 3.732 millones de pesos, mientras que para el 2021 esa cifra fue de casi el doble. Según adelantaron las fuentes, esta medida será acompañada por “la eliminación de otros cuatro o cinco organismos” descentralizados, que forman parte de una lista de compañías que están siendo revisadas por el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este martes, el Gobierno anunció la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), otra empresa estatal ferroviaria que no operaba trenes, y despidió a 1.388 empleados, como parte de un plan de ajuste y reducción del gasto público. Esta medida busca un ahorro anual de $42.000 millones. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, responde a la estrategia de reducción del gasto público y eliminación de estructuras innecesarias. Según el Ejecutivo, las funciones de la empresa estaban duplicadas en otras áreas del Estado, por lo que la disolución es parte del plan de eficiencia fiscal. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, busca ahorrar $42.000 millones anuales al suprimir una empresa que no operaba trenes y cuyas funciones, según explicaron fuentes del oficialismo, estaban duplicadas en otras áreas del Estado. DECAHF, creada inicialmente para gestionar programas de capacitación y tareas administrativas relacionadas con el ámbito ferroviario, fue considerada innecesaria por el Gobierno, que sostiene que las funciones desempeñadas por esta entidad pueden ser absorbidas por otros organismos existentes. La disolución de la empresa también responde a la estrategia de la Secretaría de Transporte, que ya venía avanzando con planes de reestructuración en el sector ferroviario, y se espera que las áreas afectadas por el cierre sean redistribuidas, aunque el personal despedido ha generado preocupación entre los gremios del sector, que ya advirtieron sobre posibles medidas de fuerza en respuesta a los despidos.