El fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que ordena determinar el “valor real y actual del inmueble” de La Superiora le dio un respiro al municipio de Rawson que se saca de encima la obligación inmediata de responder con el dinero de sus arcas la millonaria cifra a la que la habían obligado a pagar por dicha expropiación. En la parte resolutiva, expone la necesitad de que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia vuelve a poner precio al predio que la comuna decidió quedarse. La novedad judicial cayó bien en la Municipalidad de Rawson que, entienden, termina dándoles la razón. “El fallo da muestra de que nos dieron la razón (…) El proceso tenía irregularidades por todos lados, ahora habrá que determinar ese valor y seguiremos defendiendo los intereses de los rawsinos y buscaremos que valuación se haga de la manera más justa y precisa, pero valorando aquella tasación”, dijo el intendente Carlos Munisaga en una entrevista en Radio Sarmiento. La comuna había ingresado un pedido de nulidad sobre la retasación que se realizó el año pasado con el fin de, al menos, de dilatar lo tiempos y, de fondo, intentar reducir sustancialmente ese monto. La Sala IV tenía hasta el 22 de noviembre del presente año para hacerle lugar al pedido de nulidad que solicitó Rawson o ratificar que se pague la cifra multimillonaria con la que se tasó a la propiedad dónde está ubicado el Complejo La Superiora. “Lo que haya que pagar se va a pagar, pero buscaremos que se lo mas justo y conveniente para el departamento Rawson”, agregó el jefe comunal. Dicho en otras palabras, pretenden que la nueva tasación sea lo más parecida a la original. Es que cuando en 2012 empezó el litigio (bajo la intendencia de Juan Carlos Gioja), el Tribunal de Tasaciones le puso un valor de $6.800.000 al predio, de los cuales $5.000.000 fueron abonados en su oportunidad. El resto nunca se pagó y fue allí que la firma Cuyo Inversiones SA (uno de los propietarios es el empresario Matías Pallito) fue a la Justicia. El peloteo judicial fue extenso hasta inicios de 2023 cuando ordenan una nueva tasación del inmueble, dando un valor actualizado de $1.500 millones, que teniendo en cuenta lo que se pagó en su momento y lo que restaba, terminaba obligando al municipio a pagar $370 millones. Cuando notificaron al municipio, el entonces intendente Rubén García no protestó (fue en el epílogo de su gestión), dejando a la flamante gestión de Munisaga contra las cuerdas cuando se topó con la novedad y fue por ello que recurrieron el fallo.