Lunes 25.11.2024
Actualizado hace 10min.

El femicida de Angaco permanecerá en prisión mientras se evalúa su salud mental con un examen psiquiátrico

La decisión del juez se produjo tras una audiencia en la que se discutieron los antecedentes del caso y la condición del imputado.

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El femicida de Angaco seguirá recluido en el penal de Chimbas. El juez que lleva la causa de Ariel Omar Pérez, investigado por el asesinato de Yanina Pérez en febrero pasado, desestimó la solicitud de la defensa para que lo internaran en un centro médico con el argumento de que podría ser inimputable debido a problemas de salud mental. En su lugar, se autorizó un nuevo examen psiquiátrico bajo la supervisión de una junta médica.

La resolución se tomó en una audiencia realizada el viernes en Tribunales, donde los abogados Fernando Bueno y Eduardo Sait pidieron la internación del acusado en un hospital psiquiátrico, argumentando que Pérez tiene problemas psiquiátricos que le impiden enfrentar un juicio.

Los antecedentes del caso son preocupantes: el 15 de febrero, Pérez apuñaló a Yanina Pérez ocho veces en la entrada del cementerio de Angaco. Ella, que trabajaba para el municipio, había sido su expareja. Pérez tenía antecedentes de tentativa de femicidio y se mantuvo prófugo tras el ataque.

El fiscal Francisco Micheltorena y su equipo sostienen que Pérez estaba plenamente consciente de sus acciones. Durante la audiencia, presentaron un informe de un psicólogo y un médico forense que indica que el acusado puede comprender la gravedad de sus actos.

Por su parte, la defensa argumenta que Pérez sufre de un trastorno Borderline, lo que lo haría inimputable. Sin embargo, el fiscal explicó que, aunque Pérez pueda tener características de este trastorno, no es psicótico y planificó el crimen, lo que demuestra su conexión con la realidad.

El juez Sergio López Martí escuchó a todas las partes y decidió no aceptar la petición de internación de Pérez, aunque ordenó la formación de una nueva junta médica compuesta por psiquiatras y psicólogos de diferentes instituciones estatales para evaluar su capacidad de enfrentar el proceso judicial.