En una entrevista en radio Amanecer, Sergio Vallejos enfatizó la ampliación de su pedido de juicio político contra Marcelo Lima, acusándolo de haberse beneficiado de su rol de notario, incluso mientras ocupaba cargos públicos. “Lima ha retenido el registro número 22 notarial a lo largo de su carrera política, violando las normas de incompatibilidad”, afirmó Vallejos, quien criticó la falta de control del Colegio Notarial de San Juan sobre esta situación y acusó a Lima de haber lucrado a través de este registro mientras estaba en la Corte. Para el empresario, esta retención constituye una grave irregularidad, y es un ejemplo de lo que él califica como “beneficios de la casta política”. Vallejos sostiene que, aunque Lima no ejerza directamente como notario, ha seguido obteniendo ganancias mediante la delegación de sus funciones a otro escribano, algo que considera inadmisible para un miembro de la Corte de Justicia. El procedimiento en la legislatura La denuncia de Vallejos deberá seguir el proceso estipulado en la Constitución Provincial de San Juan, que otorga a la Cámara de Diputados la decisión final en casos de destitución de jueces de la Corte. La solicitud ha sido enviada a la Sala Acusadora de la Legislatura, compuesta por diputados de distintos bloques, encabezada por Enzo Cornejo del PRO, quien deberá convocar a sus 17 miembros para decidir si se otorga traslado a la Comisión Investigadora.   De aprobarse esta instancia, la Comisión Investigadora, conformada por cinco legisladores, contará con 45 días hábiles para analizar los fundamentos de la solicitud de juicio político. Si la Comisión apoya el reclamo, la Sala Acusadora formalizará la acusación y designará tres legisladores para representar el caso ante la Sala Juzgadora, presidida por el diputado peronista Juan Carlos Quiroga Moyano. Este organismo tendrá 30 días hábiles para tomar una decisión definitiva. Las acusaciones El pedido de Vallejos señala dos fundamentos principales. En primer lugar, cuestiona el fallo de la Corte en la causa de expropiación de La Superiora, argumentando que este impone un cálculo de la Tasa Activa sobre el valor actual del inmueble, lo que a su juicio afecta negativamente las finanzas del Estado municipal y provincial. Según Vallejos, el fallo representa “un giro en la dirección de la unánime Jurisprudencia provincial sobre la materia Expropiación”, y ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica. La segunda acusación se centra en la decisión del Tribunal Electoral de separar la elección de gobernador y vicegobernador de las de diputados provinciales en 2023, algo que Vallejos afirma va en contra del artículo 185 de la Constitución Provincial, que establece que estos comicios deben realizarse en conjunto.