Tras la controversia generada con la UIA por la apertura de importaciones, el Gobierno está preparando un nuevo proyecto de ley que será presentado en el Congreso con el objetivo de incentivar las inversiones en pequeñas y medianas empresas (PYMES). Este proyecto oficial incorpora recomendaciones de diversas cámaras empresariales, como la UIA y la CAME, así como también propuestas de pymes del interior del país. El nuevo régimen se enfocará en fomentar las inversiones incrementales e incluirá medidas clave como la amortización acelerada y beneficios fiscales para las empresas. Las inversiones contempladas por este régimen serán aquellas que oscilen entre u$s150.000 y u$s30 millones. Entre los beneficios que ofrecerá el proyecto se incluyen la desgravación de derechos de exportación para productos industriales, la devolución anticipada del IVA, y la entrega de un bono fiscal para las PYMES que contraten empleados provenientes del sector público en distintos niveles de gobierno. El régimen de beneficios está diseñado para ajustarse a distintas categorías de empresas, desde las micro hasta las más grandes. Se establecerán umbrales diferenciados de inversión, que irán desde los 150 mil dólares para las microempresas hasta los 30 millones de dólares para empresas más grandes. En cuanto al régimen laboral, el proyecto también busca modernizar la Ley de Contrato de Trabajo y el Régimen de Trabajo Agrario, con énfasis en la reducción de contribuciones patronales para fomentar la creación de empleo formal. También contempla un bono fiscal para las empresas que empleen trabajadores provenientes de la administración pública. Las inversiones incrementales contarán con un bono de crédito fiscal por un porcentaje de las contribuciones patronales durante un año, mientras que aquellos contratos de trabajadores del sector público recibirán el bono durante dos años, excluyendo a los funcionarios públicos. El proyecto tiene como objetivo evitar impactos negativos en los ingresos fiscales del Gobierno y promete un esquema favorable para sectores como el de maquinaria agrícola. La amortización acelerada permitirá una reducción en los plazos de depreciación de bienes para el cálculo del impuesto a las ganancias. Además, el régimen incluirá la devolución anticipada del IVA, con plazos reducidos de 6 a 3 meses. Se también establecerá una desgravación en los derechos de exportación para las PYMES exportadoras de productos industriales, con el objetivo de estimular el crecimiento en este sector. Otra medida importante es la reducción de la alícuota de IVA en la energía para sistemas de riego agrícola, que pasaría del 27% al 10,5%, un alivio importante para el sector agrícola. El proyecto también contempla la actualización digital del régimen de prendas y la derogación de ciertos regímenes de promoción, como los referidos a biotecnología y al apoyo al empresariado joven. Entre los beneficios fiscales adicionales, se incluyen la reducción de impuestos a las ganancias para empleados de PYMES, y la posibilidad de transferir quebrantos fiscales no absorbidos en los primeros cinco años de actividad. También se prevé la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos y componentes, así como el acceso gradual a beneficios cambiarios para las exportaciones. El Gobierno pretende que este proyecto garantice una estabilidad a largo plazo, posiblemente de hasta 30 años. Por su parte, Martín Berardi, presidente de la Cámara Argentina del Acero, destacó que las pequeñas empresas también necesitan incentivos para modernizarse y sostuvo que es crucial que el Estado proteja a la industria nacional de las importaciones desleales. Además, propuso medidas como cupos, salvaguardas y aranceles para frenar la competencia desleal, y defendió el uso de chatarra reciclable para la industria siderúrgica. El proyecto enviado al Congreso también prevé una rebaja en las cargas patronales durante los primeros dos años de empleo para nuevos trabajadores, con descuentos de hasta 60% en el primer año y 50% en el segundo año.