Este jueves la Justicia desestimó la denuncia presentada por el principal imputado en el megajuicio de las expropiaciones, Santiago Graffigna, contra el actual ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis. En ese contexto, el abogado sostuvo en su denuncia que el actual miembro del máximo tribunal de Justicia de la provincia participó en el delito de falsificación de documento, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando cumplía funciones al frente de la Fiscalía de Estado. La presentación recayó en la UFI Delitos Especiales quien finalmente decidió desestimarla por entender que, “las afirmaciones de hechos falsos, a criterio del denunciante, contenidos en la demanda, no resultan punibles”. En el dictamen que lleva la firma del fiscal Dr Sebastián Gómez García se sostiene que, “una simple mentira resulta insuficiente para conformar el ardid o engaño que exige la estafa, en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 172 del Código Penal”. Además, asegura que el denunciado aportó documentos falsos.  “No existe, en los términos de la norma penal, y conforme a la exposición de los hechos denunciados, imitación, copia o simulación de un instrumento falso bajo la apariencia de uno verdadero, pues la demanda, como documento es auténtica, más allá de la veracidad de sus afirmaciones, es autónoma e independiente”, agrega sobre la  imputación de falsedad documental presentada por Graffigna.   LA DENUNCIA El abogado, imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado con los juicios de expropiación, sostiene que el actual miembro del máximo tribunal de Justicia de la provincia incurrió en el delito de falsificación de documento, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando cumplía funciones al frente de la Fiscalía de Estado. Específicamente, denunció que De Sanctis, junto con otros miembros del organismo que defiende los intereses de la provincia, más el abogado Rubén Pontoriero, adulteró un fallo y lo presentó como prueba en la Justicia para pedir la nulidad de un juicio de expropiación, y así, lograr que la provincia recupere fondos que fueron desembolsados. En la denuncia, Graffigna sostuvo que De Sanctis, como fiscal de Estado, y junto al equipo de ese organismo, falsificó un documento que presentó ante el juzgado Contencioso Administrativo, con el objetivo de anular una sentencia que obligó a la provincia a pagar poco más de un millón de pesos por una expropiación. La provincia inició esa acción, junto con otros 18 planteos, para detener los pagos millonarios a favor de Graffigna y, para los casos en los que hubo desembolso, que los beneficiarios, el abogado y quienes fueron propietarios de los terrenos, reintegren los montos al Estado. Esto es porque, para la provincia, esos juicios de expropiación fueron “amañados” por Graffigna y el resto de los imputados. Eso no es lo único, ya que, además, sostuvo que De Sanctis y su equipo en realidad lo que hicieron fue cambiar el texto de un fallo dictado contra la exjueza, fallecida, Rosalba Marún. Esto es, en el lugar donde figura el nombre de la exmagistrada, pusieron “Roberto Pagés”, no sólo eso, sino que también “introdujeron otro número de autos y carátula”. En términos más concretos, según denuncian, utilizaron elementos de dos juicios “Basañes Alberto C/ Provincia de San Juan – exp. Irregular” y “IPV C/ Suraty y otra – S/Expropiación” para que figuren en el pedido de nulidad del juicio “Provincia de San Juan C/ Luna Ricardo S/ Expropiación”.   En ese marco, indicaron que incurrieron en esa falsedad para que la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, cometiera un error, dicho escenario recaería en el delito de estafa procesal.