La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en conjunto con la Procuración del Tesoro, evalúa las vías legales para que la ex presidenta Cristina Kirchner reintegre el extra de $5.960.860 que percibió en concepto de zona desfavorable en su jubilación de privilegio. Este beneficio, que corresponde a residentes de Río Gallegos, fue cuestionado ya que la exmandataria reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo que lidera Mariano de los Heros baraja dos opciones para recuperar el dinero: presentar una acción de recupero o denunciar penalmente a Cristina Kirchner, sumando esta acusación al expediente ya abierto en la Justicia. Actualmente, la causa está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan un posible fraude contra la administración pública tras la denuncia presentada por la Fundación Apolo. La ANSES había solicitado a la Procuración del Tesoro una opinión formal sobre el procedimiento para recuperar los fondos que consideran “mal pagos”. Se espera que la respuesta esté lista a mediados de enero, mientras que una eventual denuncia podría avanzar en febrero, tras la feria judicial. En paralelo, el organismo no descarta iniciar una acción de recuperación en el fuero de la seguridad social, aunque todavía debe definir desde qué momento exigiría la devolución de las sumas percibidas. En noviembre, a través de la resolución 1092/2024, ANSES oficializó la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, junto con la pensión derivada de su esposo fallecido, el expresidente Néstor Kirchner. La medida fue tomada tras la confirmación de la condena por el caso Vialidad, que le impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Ante esto, la exvicepresidenta presentó un recurso de nulidad que aún está pendiente de resolución. El reclamo podría limitarse a los $6 millones cobrados en noviembre, tras la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, o ampliarse a los pagos realizados desde el inicio del delito investigado. Según la Justicia, este esquema se habría gestado a partir del decreto 54/2009, cuando Vialidad comenzó a asignar fondos millonarios a obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez. En ese caso, las sumas reclamadas podrían extenderse hasta 2009.