El apagón que afectó a más de 8 millones de usuarios en Chile el pasado martes 25 de febrero resultó en la detención de 207 personas durante la noche de toque de queda y en la investigación de tres posibles muertes de personas electrodependientes relacionadas con la falta de energía. La ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que el número de detenciones fue relativamente bajo, considerando la magnitud del evento. También destacó que “la mayoría de la población cumplió con las instrucciones impartidas”. En cuanto a las tres muertes, Tohá expresó que se realizará una investigación para determinar si están vinculadas al corte de luz, aunque aclaró que “es probable que no haya relación directa”. El corte también generó robos de cables eléctricos en las zonas rurales de Atacama, al norte del país, complicando el restablecimiento del servicio en esa región. Además, se reportó el mal funcionamiento de los semáforos, lo que generó alertas para que los conductores condujeran con precaución. Gabriel Boric, presidente de Chile, condenó la falta de acción de las empresas proveedoras de energía, asegurando que la situación era inaceptable. "Lo ocurrido nos indigna. No es tolerable que por culpa de una o varias empresas se altere la vida diaria de millones de personas", expresó Boric, quien también advirtió que los responsables tendrán que rendir cuentas. Diego Pardow, ministro de Energía, comparó el apagón con uno similar ocurrido en 2011, criticando que, a pesar de los avances tecnológicos, el tiempo de recuperación del servicio fue más largo en esta ocasión. En cuanto a la explicación de la empresa responsable, ISA InterChile, se detalló que el corte fue originado por un evento en la línea de transmisión eléctrica Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, que se activó de manera no deseada, causando la desconexión de ambos circuitos. Aunque la compañía restableció la línea en 44 minutos, el suministro total de energía tardó más de 18 horas en ser completamente restablecido, lo que fue duramente criticado.