En estos últimos días, el Gobierno de Javier Milei decidió ejecutar una serie de desvinculaciones que afectaron a más de 2800 empleados de diferentes áreas del Ministerio de Capital Humano. Dicha medida se inscribe dentro del proceso de reducción del gasto público, promovido por el gobierno actual como también por parte de su plan de optimización del empleo estatal. El sindicato ATE expresó su rechazo con respecto a esta decisión, denunciando lo que consideran un “hostigamiento” y “violencia institucional” en el trato hacia los trabajadores desvinculados. El comunicado que fue difundido por el gremio estima que las nuevas bajas impactaron en áreas importantes como la Secretaría de Desarrollo Territorial y la Dirección Nacional de Arquitectura, con 400 personas afectadas, en tanto que la Subsecretaría de Políticas Familiares también reportó el despido de más de 2000 empleados. Pese a que el Gobierno todavía no emitió un pronunciamiento oficial, fuentes cercanas a la administración destacaron que esta medida forma parte del "plan motosierra", el cual busca reducir lo que consideran tareas duplicadas dentro del Estado. La estrategia además incluye un examen de idoneidad para las nuevas incorporaciones, lo que afecta a futuros aspirantes a ingresar al sector público, quienes tendrán que cumplir con evaluaciones de conocimientos y competencias. El ajuste, que ya ha observado la salida de miles de empleados en lo que va del 2024, sigue siendo un tema controversial. Mientras que desde el Gobierno defienden como una medida necesaria para el recorte fiscal, los sindicatos sguen insistiendo en que se trata de una estrategia que precariza el empleo público y afecta de manera negativa a los sectores más vulnerables de la sociedad.