Luego de un mes de investigación, finalmente el día domingo 2 de marzo, personal de la Comisaría 11º desbarató una carrera de galgos clandestina que se desarrollaba en el departamento 9 de Julio y en la cual rescataron a 13 perros y aprehendieron a unas 20 personas. Pese a ello, el procedimiento policial no quedó ahí, ya que el juez de paz que atendió el caso resolvió devolver los perros a sus dueños, quienes son sospechosos de maltrato animal. La decisión judicial levantó una polémica, despertando críticas en el sector de los proteccionistas y la sorpresa de la Policía de San Juan. El subcomisario Marcelo Giménez, a cargo de la Comisaría 11º, manifestó que los efectivos llegaron a un descampado al límite de 9 de Julio y Médano de Oro cerca de las 8 horas. Como tenían el dato que ahí se realizaban o se estaba por iniciar una carrera ilegal de galgos, los agentes se presentaron en el lugar y encontraron una fila de camionetas y una muchedumbre. Para realizar el procedimiento, el personal de patrullaje pidió apoyo a las unidades rurales 1º y 3º. En el operativo ejecutado en la intersección de calles Bilbao y Costa Canal, los uniformados encontraron una gatera o peladera, lo que es un dispositivo que se utiliza para la carrera de caballos, pero para este caso, hecha a medida para los perros. Lo que no hallaron los agentes fue una lista o planilla con los canes y las apuestas realizadas a cada uno. Como consecuencia del procedimiento, 20 personas quedaron demoradas y 10 camionetas fueron radiadas por diversas contravenciones: carreras ilegales de animales y traslado sin la debida seguridad para los perros. Los efectivos policiales habían dispuesto resguardar a los 13 galgos para que puedan ser revisados por los veterinarios. “No se veían en mal estado”, indicó Giménez. Una reconocida proteccionista de dicho departamento se ofreció a darle resguardo, expresó el oficial, pero señaló, con sorpresa, que el juez de Paz Daniel Galván dispuso que los perros sean devueltos a sus dueños, que habían recibido las infracciones. “Esto no ocurre normalmente”, destacó.  La proteccionista Emilia Merino, de la ONG Pitbull en Peligro, señaló con una completa indignación y enojo que no le “sorprende” que esto ocurra y que “pasa permanentemente”. Además, Merino destacó que no se cumple la ley y que las multas por carreras ilegales son demasiado leves (el máximo a pagar es $80.000). También explicó que hablarán con las autoridades de la Corte y la Policía de San Juan para que se fortalezcan los protocolos. “Los policías deberían haber llamado a Medio Ambiente, de esa forma se hubiera evitado que los perros vuelvan con sus dueños”, finalizó tajante.