El Ministerio de Seguridad de la Nación va a presentar este lunes 17 de marzo una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que estuvo al mando de la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados del miércoles 12 de marzo y que decidió liberar a todas las personas horas posteriores, durante la madrugada del jueves 13. Por medio de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la va a acusar por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta este tipo de resoluciones contrarias a la ley. Eso, por lo menos, es lo que entiende el Gobierno que hizo la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “No es que nos estamos quejando de que no nos gusta lo que resolvió. Sino que el modo en que lo resolvió violó la ley”, indicaron. El ministerio de Seguridad ya anticipó la movida el día viernes 14 de marzo, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de contribuír en la organización. Desde Seguridad manifestaron que cuando la Policía tiene que identificar a una persona, eso le lleva un determinado tiempo, ya que tiene que tomar los datos filiatorios, hacer fichas, tomar las huellas dactilares, los datos del funcionario policial que lo detuvo, las circunstancias y también el motivo de detención.