El reciente hecho de violencia ocurrido en una cancha de fútbol amateur en Rivadavia ha generado una serie de cuestionamientos legales en torno a la imputación de tentativa de homicidio a Julio Castro Agüero y su amigo Franco Gómez.   Tentativa de homicidio Julio Castro Agüero reconoció haber realizado dos disparos con un arma calibre 1.25 durante una pelea entre su amigo Franco Gómez y otros jugadores y simpatizantes. Sin embargo, intentó minimizar su acción alegando que su intención era disparar al piso y no herir a nadie. Pese a su declaración, uno de los disparos impactó en Diego Andreoni, quien permanece en estado grave, lo que derivó en la imputación por tentativa de homicidio. Para que esta figura penal se configure, la fiscalía debe demostrar la existencia de dolo homicida, es decir, la intención de matar. El uso de un arma de fuego en un contexto de violencia y la gravedad de las heridas sufridas por la víctima pueden ser suficientes para sostener esta acusación. No obstante, la defensa podría alegar que, en realidad, se trató de un homicidio en grado de tentativa con dolo eventual o incluso una lesión grave culposa, lo que podría implicar una pena menor. Participación de Franco Gómez La situación de Franco Gómez es distinta, ya que él no disparó el arma. No obstante, tres testigos aseguran que fue quien se la entregó a Castro Agüero antes de los disparos. En este caso, la fiscalía le imputa un grado de participación en el intento criminal. Si se comprueba que le facilitó el arma con conocimiento de lo que iba a suceder, podría ser considerado partícipe necesario de la tentativa de homicidio. Si su rol fue menor y solo contribuyó a generar el conflicto sin intervenir directamente en los disparos, podría ser calificado como partícipe secundario, lo que conllevaría una responsabilidad penal atenuada. La defensa de Gómez podría centrarse en desacreditar los testimonios en su contra o demostrar que no tuvo control sobre el arma utilizada en el ataque. Prisión preventiva y plazos procesales La jueza Mónica Lucero determinó la prisión preventiva por ocho meses para ambos imputados, señalando la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Además, concedió diez meses a la fiscalía para reunir más pruebas y testimonios. Este tiempo adicional será clave para fortalecer la acusación o para que las defensas encuentren argumentos que reduzcan la responsabilidad de los imputados. La recolección de nuevas pruebas y peritajes balísticos podría esclarecer aún más el rol de cada acusado en el hecho.