Julio Gallo, el verdulero acusado de maltrato animal tras la muerte de una perra callejera en Rawson, desmintió rotundamente su implicación en el hecho. En una audiencia ante el juez Eugenio Barbera, Gallo aseguró: "No sería capaz de hacerle daño a un animal. Mi abogada tiene toda la documentación que lo prueba", refiriéndose a los documentos que respaldan su declaración. El incidente ocurrió el 31 de diciembre del año pasado, alrededor de las 15:30, en la verdulería de Gallo, ubicada en la intersección de Lemos y Boulevard Sarmiento. La UFI Genérica inició una investigación por posible violación de la ley de maltrato animal, a raíz de la denuncia de testigos que aseguraron que Gallo habría causado la muerte de la perra. Gallo relató que, además de las acusaciones, enfrentó amenazas graves contra su familia, escraches y el sufrimiento psicológico derivado de la situación. "Me han cerrado el negocio y no puedo ejercer comercio en mi propio departamento. Han hecho un daño irreparable", lamentó. La abogada de Gallo, Vanesa De Dax, defendió a su cliente, afirmando que no cometió el delito que se le imputa. De Dax rechazó los testimonios de los fiscales Jorge y Belén Sánchez, que, según ella, son incorrectos al indicar que los hechos ocurrieron en otro lugar. También argumentó que las pruebas presentadas por la acusación no son suficientes para vincular a Gallo con el maltrato. Por su parte, la Fiscalía y la protectora de animales, representada por Emilia Merino, mantienen que existen evidencias que apuntan a la culpabilidad de Gallo. Según la investigación, una de las empleadas del comerciante habría declarado que el animal fue golpeado con cajones, una versión que Gallo y su abogada niegan. Además, en redes sociales se mencionó que el animal habría muerto a patadas, lo cual también fue rechazado por Gallo y su defensa. Lo que sí es cierto es que la empleada fue quien trasladó al animal en sus brazos después del ataque, y la perra falleció poco después. Posteriormente, dejó el cuerpo en la vereda y contactó a los servicios de emergencia, lo que permitió que se iniciaran las investigaciones que llevaron a la denuncia formal en la UFI Genérica el 3 de enero.