La Unidad Fiscal de Delitos Especiales inició una investigación contra el juez Roberto Montilla por una supuesta intervención irregular en una causa judicial que no estaba bajo su jurisdicción. Según la acusación, el magistrado habría intentado influir en el proceso que se tramitaba en el fuero de Flagrancia, vinculado a la detención de un hombre de 70 años, identificado como José Benito Martín, quien en ese momento se encontraba alojado en la Comisaría 4ta. El fiscal coordinador Iván Grassi solicitó formalmente la audiencia de formalización para llevar al juez Montilla al banquillo de los acusados. El objetivo es esclarecer si el magistrado incurrió en una conducta impropia al interesarse “indebidamente” en la situación procesal del detenido. Según la investigación, el 6 de abril Montilla se comunicó telefónicamente con la dependencia policial, invocando su condición de Juez de Garantías de turno y expresando que conocía personalmente al detenido. Durante esa conversación, habría sugerido al oficial que lo atendió —el subinspector Federico Gómez— que se contactara con el ayudante fiscal interviniente para trasladar a Martín a un hogar de adultos mayores. Posteriormente, Montilla se presentó personalmente en la comisaría para reiterar su pedido y ofrecer su colaboración para gestionar el traslado. Esa misma noche, alrededor de las 20:15, se registró un nuevo llamado del juez a la comisaría. En esta oportunidad, fue atendido por la oficial ayudante Selva Romero, a quien volvió a consultar por el traslado. Más tarde, alrededor de las 21:45, volvió a comunicarse, esta vez con el ayudante fiscal Emiliano Usín, a quien insistió en la conveniencia de derivar al detenido a un hogar de día. Sin embargo, recibió como respuesta que Martín estaba a disposición del Juzgado de Flagrancia y que su intervención escapaba a la competencia funcional del interlocutor. Finalmente, cerca de las 22:40, el juez Montilla volvió a presentarse en la seccional para reiterar sus sugerencias, haciendo nuevamente alusión a su rol como juez de turno e interesado en la situación del detenido. La justicia ahora deberá determinar si las acciones del magistrado constituyen una falta ética o una posible violación a los límites de su competencia. La causa está en etapa preliminar y continuará su curso con la audiencia de formalización solicitada por la fiscalía.