Este martes podría marcar un punto de inflexión en la causa por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente de 16 años que falleció tras ser atropellada en el barrio Profesional de Rivadavia el 15 de octubre de 2023. La Justicia deberá resolver si sobresee o no a Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal, quien estuvo involucrado en los hechos que derivaron en la tragedia. El fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, solicitó el sobreseimiento de Echegaray tras recibir el informe de al menos seis peritos que analizaron las cámaras de seguridad de la zona. Según esa reconstrucción, Echegaray circulaba a baja velocidad (24 km/h), por su carril, cuando habría realizado un leve volantazo para evitar un impacto con otro vehículo que venía en sentido contrario y a mayor velocidad (alrededor de 60 km/h). Esa maniobra habría provocado que el segundo conductor perdiera el control, atropellara a Lucía y luego se estrellara contra una vivienda. La interpretación fiscal es clara: Echegaray actuó en un intento de evitar un choque y su responsabilidad en el hecho sería inexistente. De ahí su pedido de desvinculación judicial por el presunto homicidio culposo. Sin embargo, la querella no está de acuerdo. Los abogados de la familia Rubiño, Marcelo Fernández y Nadia Derka, insisten en que Echegaray tuvo un rol activo en la tragedia. Señalan que peritos aportados por la defensa de la víctima, junto a diez testigos presenciales —incluido el propio joven que conducía el vehículo que impactó a Lucía—, apuntan a Echegaray como quien se habría “atravesado” en la calle, encandilado al otro conductor e invadido el carril contrario. “El chico que manejaba el auto dijo que Echegaray lo encandiló y sorpresivamente se metió en su carril. Eso lo obligó a esquivarlo, perdió el control y terminó con esta tragedia", explicó el abogado Fernández, quien también criticó a los peritos oficiales por haber modificado su informe inicial respecto a por qué carril circulaba Echegaray. La decisión ahora está en manos del juez, quien deberá optar entre aceptar el sobreseimiento solicitado por el fiscal o mantener la imputación y avanzar hacia un juicio, como pretende la familia de la víctima. En caso de sobreseimiento, la querella ya anticipó que impugnará la resolución. Pero Echegaray enfrenta otro frente judicial: el fiscal Grassi también lo investiga por su presunta participación en pruebas ilegales de velocidad que se habrían realizado en el barrio horas antes del fatal desenlace. El caso mantiene en vilo a la comunidad sanjuanina y abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad al volante, el accionar judicial y el rol de los hijos del poder frente a la ley.