Las denuncias judiciales impulsadas por el presidente Javier Milei contra tres periodistas por presuntas calumnias e injurias ya están formalmente radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py y cuentan con jueces asignados. Las presentaciones apuntan a expresiones públicas que, según el mandatario, lesionan su honor y dañan su imagen. Uno de los casos recayó sobre el periodista Ari Lijalad, del portal El Destape, quien publicó una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. En ese artículo, el periodista comparó el discurso del Presidente con el que utilizaban los nazis, algo que la denuncia considera una “imputación falsa y lesiva” para el honor subjetivo y la reputación del jefe de Estado. La causa fue sorteada al Juzgado Federal N°6, subrogado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El segundo expediente tiene como protagonista al periodista Carlos Pagni, del diario La Nación. En su caso, la denuncia se refiere a declaraciones en las que —según el escrito— se lo habría vinculado con el ascenso del nazismo en Alemania. Sin embargo, se aclara que el editorial cuestionado, titulado “La Argentina, una torre de Babel”, no contiene de forma textual la frase que se le adjudica al periodista. Esta causa quedó en el Juzgado Federal N°3, aunque por ahora no ha registrado mayores avances. La tercera denuncia involucra a la conductora Viviana Canosa, actualmente al frente de un programa en Canal 13. Según el escrito, en una de sus emisiones comparó a Milei con “líderes dictatoriales” y lo calificó de “autoritario”. Esta causa fue asignada al Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos. En su presentación judicial, el presidente incluyó además referencias a declaraciones de respaldo emitidas por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y del presidente de Israel, Isaac Herzog, quienes salieron al cruce de las comparaciones con el nazismo. Durante una entrevista reciente, Milei ya había anticipado que tomaría acciones legales “en defensa del honor” y acusó a ciertos sectores de “comparaciones injustas y maliciosas” con regímenes totalitarios. Las causas ahora seguirán su curso judicial bajo las disposiciones del Código Penal argentino, que contempla sanciones para delitos contra el honor.