Era un juicio inédito en San Juan. El primero con la etiqueta de “complejo” en el marco del nuevo sistema acusatorio federal. Diez imputados por narcotráfico, un proceso esperado, prueba abundante y un despliegue judicial sin precedentes. Pero todo terminó en escándalo: tras apenas dos audiencias, el debate fue anulado por el propio juez que lo presidía, Daniel Doffo, por una falla procesal insalvable. El motivo: la ley exige que, ante delitos cuya escala penal supere los 15 años de cárcel, el juicio sea llevado adelante por un tribunal de tres jueces. Sin embargo, se designó a un único magistrado. Y aunque el error parezca increíble, nadie lo advirtió a tiempo. “El error vulnera garantías constitucionales como el debido proceso, el juez natural y el derecho a defensa”, argumentó Doffo al resolver la nulidad. “La continuación del juicio en estas condiciones traería un desgaste mayor y el mismo e irremediable final”, agregó en su escrito. ¿Quién se equivocó? La pregunta inevitable tras el fallo fue: ¿de quién fue la responsabilidad? Las miradas apuntan principalmente a la delegación local de la Oficina Judicial, responsable de la organización del juicio. Pero también aparece señalado el juez Manuel Pizarro, de Mendoza, quien intervino en la audiencia de control de acusación, donde se define qué pruebas van a juicio. Incluso el fiscal Fernando Alcaraz pudo haber detectado el fallo. Sea como fuere, el daño está hecho: el juicio deberá empezar desde cero, esta vez con la designación de un tribunal colegiado, algo que deberá gestionar la misma Oficina Judicial cuestionada por el desliz. ¿De qué se los acusa? Los acusados integran lo que la investigación policial bautizó como “La Banda de los Rosales”, dedicada presuntamente al comercio agravado de estupefacientes entre agosto y noviembre del año pasado. El expediente indica que el cabecilla sería Franco Marcelo “Gordo” Carrizo, acusado de trasladar cocaína desde otra provincia hasta el departamento 9 de Julio, donde lo recibían Sergio Maximiliano Rosales y su pareja, María Eugenia Parra. Esta pareja, a su vez, habría distribuido la droga entre familiares y allegados: Evelin y Noelia Ríos, Miguel Parra, Isaías Varela, Milagros y Priscila Rosales. Otro implicado es el comerciante Ángel Andrés “Gallego” Gunella, actualmente en proceso de rehabilitación. Durante la investigación, la división de Drogas Ilegales de la Policía sanjuanina logró recolectar abundante prueba: se secuestraron 590 gramos de cocaína, 17 plantas y 9 gramos de marihuana, hongos alucinógenos, más de 2,2 millones de pesos, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, celulares y cinco vehículos. También fueron claves las escuchas telefónicas, los videos y los testimonios de al menos 15 testigos. Un inicio frustrado El juicio había comenzado el 8 de mayo con todas las expectativas puestas en el funcionamiento del sistema acusatorio federal, recientemente implementado. Pero la ilusión duró poco: la actuación de un solo juez en un juicio que legalmente requería tres echó por tierra el proceso completo.   Ahora, el caso vuelve al punto de partida. La Justicia tendrá que reagendar el debate, esta vez conforme al Código Procesal Penal Federal. Mientras tanto, los acusados seguirán esperando —y el sistema judicial cargando con un error que dejó en pausa un juicio clave en la lucha contra el narcotráfico.