Un nuevo episodio de tensión política se vive en San Juan tras la renuncia de Melisa Naveda Marún, asesora del despacho de la senadora nacional por San Juan, Celeste Giménez. La dimisión, presentada de manera irrevocable, pone en evidencia un trasfondo de presunta incompatibilidad política y lo que Naveda Marún califica como una “persecución política” vinculada a su afiliación al Partido Bloquista. La situación comenzó a tomar forma cuando Sofía García Herrmann, secretaria personal de la senadora Giménez, informó a Naveda Marún que sus servicios no serían requeridos más allá de julio. Frente a esta comunicación, la licenciada en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología decidió anticiparse y presentar su renuncia inmediata, evitando así un despido. En su carta oficial dirigida a la senadora Giménez, Naveda Marún expone las razones que motivaron su renuncia. “Esta decisión responde, ante todo, a mi compromiso con la responsabilidad política, la integridad y el respeto por la función pública que siempre han guiado mi accionar”, señala en el comunicado. No obstante, el eje central de su argumentación reside en una presunta incompatibilidad ideológica: “Queda en evidencia que mi pertenencia al Partido Bloquista y la independencia de criterio que sostengo resultan incompatibles con la dinámica interna de su entorno de trabajo político”. La asesora, quien fue incorporada al equipo de Giménez por la propia senadora, subraya su respeto por el pluralismo de ideas y explica que decidió “dar un paso al costado antes que resignar mis convicciones o permitir que se utilicen como excusa”. Esta declaración apunta a una tensión que trasciende la desvinculación formal, sugiriendo presiones para ajustar su postura a la línea política del bloque. Este episodio puso en evidencia las tensiones y dinámicas internas que atraviesan los equipos políticos, especialmente cuando se intersectan lealtades partidarias y la autonomía del criterio individual. La denuncia de “persecución política” formulada por Naveda Marún plantea interrogantes sobre el grado de independencia que poseen los asesores en el ámbito legislativo, así como sobre las implicancias que la militancia partidaria puede tener en el ejercicio de funciones públicas.