La causa de los Seguros ingresó nuevamente en una etapa clave. El expediente, que tiene como principales imputados al expresidente Alberto Fernández y a su amigo y broker Héctor Martínez Sosa, podría arrojar novedades en las próximas semanas. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, ya se está redactando la resolución que definirá la situación procesal de todos los involucrados, es decir, si serán procesados o sobreseídos. La decisión se conocería antes del inicio de la feria judicial. “Tenemos todos los recursos enfocados en eso, pero es una causa compleja, con muchas aristas por abordar y una gran cantidad de prueba para analizar”, afirmó una fuente con acceso al expediente. La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini en el Juzgado Federal N°11. El recambio se produjo en un momento clave de la investigación: las indagatorias ya habían finalizado y el magistrado se preparaba para resolver la situación procesal de los imputados. Uno de los señalados en la causa es Daniel “El Gordo” Rodríguez, una persona de máxima confianza de Alberto Fernández que administró la Quinta de Olivos entre 2019 y 2023. En abril, el juez ordenó levantar el secreto fiscal de Rodríguez y solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe detallado sobre su patrimonio desde 2015. El pedido incluye un listado de bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones y cualquier otra información relevante registrada en las bases de datos del organismo. Rodríguez conoció al expresidente cuando éste era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Retirado de la Policía Federal, donde se desempeñó en la rama de Bomberos, formó parte de su custodia durante varios años. Más adelante, se encargó de sus asuntos personales, convirtiéndose en una especie de asistente multifacético. Más allá de los posibles procesamientos, los empresarios investigados en la causa Seguros están preocupados por la inhibición general de bienes que ordenó el juez Casanello a mediados de abril. Desde entonces, no pueden vender ni disponer de sus propiedades, ni acceder a sus cajas de seguridad. Varias defensas apelaron la medida y esperan desde hace semanas una resolución de la Cámara Federal, que aún no llegó. Esta demora avivó los rumores sobre la inminencia de los procesamientos. “Si están procesados, las medidas cautelares se pueden justificar de otra manera”, explicó uno de los defensores.