El Gobierno avanza en la elaboración de los fundamentos jurídicos para vetar las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad. Según fuentes consultadas por TN, el Ejecutivo descarta recurrir a la vía judicial antes de formalizar el rechazo mediante su publicación en el Boletín Oficial, y centrará su argumento en cuestionar la validez de la sesión del Senado conforme a su reglamento. Los equipos técnicos de la Casa Rosada preparan las medidas correspondientes y buscan robustecer los fundamentos de los vetos para otorgarles un marco legal sólido que prevenga futuras impugnaciones. Desde el Gobierno también admiten que evalúan oficializar los vetos recién el décimo día hábil después de la sanción el 24 de julio con la intención de extender los plazos del proceso. La estrategia jurídica está liderada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien trabaja junto a su equipo de abogados y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Desde Balcarce 50 descartan que el veto otorgue validez a la ley y ratifican su intención de explorar todas las alternativas posibles para llegar a las elecciones legislativas sin ejecutar el gasto presupuestario que implican las normas. “Vamos a llegar hasta la última instancia y no promulgar el gasto si no nos dan la razón. Los fondos no se van a utilizar”, aseguran desde el oficialismo. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, está a cargo de negociar con gobernadores y aliados para reunir los 86 votos necesarios en Diputados que permitan sostener los vetos. El Gobierno centra su estrategia en cuestionar la legalidad de la autoconvocatoria del Senado y en afirmar que lo aprobado durante la sesión del jueves carece de validez. Para ello, se ampara en el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que establece que la convocatoria de sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias es una facultad exclusiva del Presidente. Además, el Ejecutivo sostiene que los proyectos sancionados incumplen con el marco jurídico vigente, ya que no consideran el impacto fiscal ni definen las fuentes de financiamiento necesarias. Este argumento fue incluido en los considerandos del último veto relacionado con el aumento jubilatorio, según el decreto 782/2024, que señala que “el proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente”. Desde la Casa Rosada sostienen que las fuentes de financiamiento contempladas en la ley cubren menos del 15% de los recursos necesarios para su ejecución. Por ello, apelan a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. En Balcarce 50 mantienen que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la “herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental”, y que es responsabilidad de la Nación fijar el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos de la administración. Además, advierten que la iniciativa legislativa implicaría un “agravamiento del estado de emergencia del sistema previsional”.