El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, tomó distancia del presidente Javier Milei al anunciar un aumento del 84,21% en la jubilación mínima provincial, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales. “Ningún jubilado cobrará menos de $700.000”, afirmó el mandatario, en un gesto que marca un contraste directo con la política previsional del Gobierno nacional. El momento del anuncio no fue casual: se da días antes de que el Ejecutivo nacional vete la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, lo que refuerza la diferencia de posturas entre ambas gestiones. Mientras que la jubilación mínima nacional en agosto será de $314.305 más un bono de $70.000, Córdoba se posiciona con una mínima que más que duplica ese monto. Además, Llaryora informó que se otorgará un bono bimestral de $100.000 como complemento adicional no contributivo para jubilados que cobren hasta $1.300.000 mensuales. El aumento y el bono se financiarán con los fondos que la provincia comenzó a recibir parcialmente por parte del Gobierno nacional, en concepto de la deuda previsional con la Caja de Jubilaciones, tras un acuerdo judicial avalado por la Corte Suprema. Llaryora advirtió que estos beneficios se sostendrán “mientras Córdoba siga recibiendo esos recursos”. Según el fallo de la Corte, la Nación debe transferir a Córdoba alrededor de $5.000 millones por mes para cubrir el déficit previsional estimado en $60.000 millones para 2025. Sin embargo, aún está pendiente una auditoría y una negociación por una deuda mayor: la provincia reclama más de un billón de pesos. El anuncio se da en un contexto en el que Llaryora logró asegurar estabilidad financiera para lo que resta del año, gracias a la colocación de bonos por 725 millones de dólares y al recupero de fondos previsionales.