Con un contundente respaldo opositor, el Senado rechazó este jueves el veto presidencial a la ley que establece la distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La votación terminó con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, superando cómodamente los dos tercios necesarios para insistir con la norma. La definición final ahora queda en manos de la Cámara de Diputados. La iniciativa había sido impulsada por los 23 distritos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, en medio de reclamos por mayores recursos y con críticas al manejo discrecional de los ATN por parte del Ejecutivo nacional. La ley incorpora un artículo a la norma 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto), que dispone que los fondos se transfieran “de forma diaria y automática” y que se los considere parte de la masa coparticipable. En la práctica, esto implicaría un importante volumen de fondos a distribuir, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza por volumen poblacional. Sin defensa oficialista y con fuerte respaldo opositor El oficialismo, con escaso margen para revertir el escenario, no logró articular una defensa sólida de su postura. La Casa Rosada mantuvo su rechazo inicial al proyecto, bajo el argumento de que una distribución automática de los ATN limita la capacidad del Ejecutivo para administrar situaciones de emergencia. Durante el debate, senadores del peronismo, el radicalismo y distintos bloques provinciales cruzaron duramente al Gobierno. Desde el PJ, el pampeano Pablo Bensusán remarcó que “este proyecto no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde: en las provincias”. Y denunció que el Gobierno nacional acumula un remanente de ATN no distribuidos por más de un billón y medio de pesos. El catamarqueño Guillermo Andrada, también peronista, criticó el enfoque económico del Ejecutivo y apuntó contra “economistas que viven poco en Argentina”. Ironizó: “Intentaron sacar los dólares del colchón y al final le armaron un somier”. Desde la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad advirtió que “el Gobierno ha tenido tiempo de sobra para tomar decisiones acertadas, pero ha preferido evitar el diálogo”. Y agregó: “No es lo mismo alcanzar el superávit con gestión eficiente que con recortes que afectan la calidad de vida”. La tucumana Beatriz Ávila, exaliada libertaria, sostuvo que “no se puede gobernar con DNU y vetos”, y cuestionó el aislamiento del Ejecutivo: “El presidente no se habla con su vicepresidenta, y lo peor que puede hacer un político es no escuchar”. Por su parte, Alejandra Vigo (Provincias Unidas) afirmó que “no hay excusa electoral que valga” para no garantizar recursos a las provincias. “Es imposible gobernar si ellas no cuentan con los fondos que generan”, sentenció. El radical Eduardo Vischi (Corrientes) remarcó el “contrasentido” de que el Presidente pida austeridad a los gobernadores, mientras busca retener recursos nacionales. Y advirtió que “si hoy no hay una crisis social mayor, es porque las provincias están sosteniendo la salud, la educación y la seguridad”. La respuesta libertaria En defensa del veto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), cuestionó la intención de desarmar una herramienta “clave” para atender emergencias. “¿Qué va a pasar cuando haya una catástrofe? ¿Los gobernadores van a hacer una vaquita en un asado?”, ironizó. Luego, criticó los gritos en el recinto y remató: “Desde 2003 a la fecha se usó el 10% más de ATN. Ahora se acordaron de estos fondos porque vieron una oportunidad política”. Detalle de la votación Los 59 votos a favor provinieron del kirchnerismo, gran parte del radicalismo, sectores del PRO y bloques provinciales. Los 9 votos en contra fueron aportados por los siete senadores libertarios y los macristas Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (ambos de Córdoba). Se abstuvieron Mariana Juri y Rodolfo Suarez (UCR-Mendoza) y Alfredo De Ángeli (PRO-Entre Ríos). El único ausente fue el salteño Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Ahora será la Cámara de Diputados la que tendrá que definir si insiste o no con la ley. Si se repite una votación con mayoría de dos tercios, el Congreso podrá imponer la norma pese al veto presidencial. En caso contrario, el rechazo de Milei quedará firme y la ley no será promulgada.